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Camport y Cotraporchi exponen su postura sobre la Reforma Laboral ante Comisión del Trabajo del Senado

La Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport) y la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile (Cotraporchi) expusieron su parecer sobre la Reforma Laboral que impulsa el Gobierno ante la Comisión del Trabajo del Senado, la cual es presidida por el senador Juan Pablo Letelier.

En sesión, llevada a cabo la tarde de este lunes en el ex Congreso Nacional en Santiago, el presidente de la Camport, Jorge Marshall, se refirió a cómo se dan las relaciones laborales en el ámbito marítimo-portuario y a las principales preocupaciones de la industria apuntando derechamente a las huelgas ilegales que, a la larga, encarecen los costos de los usuarios de la cadena logística en su integralidad.

 Marshall, aseguró que “cuando observamos el contenido del proyecto en lo que se refiere al sector portuario, lo que constatamos es que prácticamente la totalidad de los conflictos, los paros, las huelgas en el sector portuario han sido al margen de toda consideración legal; es decir, fuera del marco institucional. En ese sentido, el aspecto más crítico -a nuestro juicio- corresponde al insuficiente avance de la institucionalidad para hacerse cargo de este tipo de paros”.

Asimismo, Jorge Marshall explicó que “normalmente, los trabajadores del sector tienen una remuneración significativamente más alta que la de técnicos afines a la labor portuaria y muy, pero muy superior a la de trabajadores no calificados. A pesar de esto, de tener una alta afiliación (a sindicatos) de sobre el 90% de los trabajadores, de tener ingresos por sobre el promedio de los trabajadores afines, el sector mantiene una alta conflictividad”.

Según Marshall, las principales preocupaciones del sector, y que requieren un “esfuerzo nacional”, son -además de los recurrentes conflictos- la baja productividad laboral y los cambios tecnológicos que está experimentando el rubro, por lo que de no haber cláusulas de adaptabilidad muchos puertos de tamaños intermedios se verían deprimidos.

De acuerdo al presidente de la Camport, una huelga ilegal de diez días puede generar perjuicios económicos de más de 150 millones de dólares, costos que son cargados a exportadores, importadores, consumidores y transportistas.

Sin perjuicio de lo anterior, el presidente de la Camport no desconoció el derecho a huelga de los trabajadores, lo cual ha sido planteado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, propuso que existan mecanismos que “encaucen” las diferencias entre empresas y empleados por una vía institucional.

“Todos sabemos que las recomendaciones del Comité de expertos de la OIT plantea el derecho a huelga y el derecho a paralización, de modo que no es ese el punto que está en discusión, sino la pregunta es si ese derecho de los trabajadores debe ser complementado por mecanismos para encausar los conflictos de un modo institucional y creemos que ese es el desafío fundamental de este proyecto”, expresó el timonel de la Camport.

En esa línea, Marshall planteó que si las empresas portuarias son consideradas estratégicas se analice la posibilidad de que que una comisión gubernamental calendarice las negociaciones o bien que las compañías limiten los periodos “sensibles” para llevar a cabo estos procesos.

“Lo mismo se refiere al reemplazo en huelga. Si queremos privilegiar el objetivo de que los servicios portuarios se mantengan como servicios continuos también deberíamos buscar mecanismos institucionales como un organismo independiente de caracter técnico que facilite la definición de los servicios mínimos en este ámbito, porque los costos los pagan terceros, ni los trabajadores ni las empresas del sector”, añadió.

Por otra parte, Marshall cuestionó la llamada titularidad sindical, ya que -a su juicio- en el caso de la industria portuaria deja a grupos de trabajadores, que se encuentran fuera de los sindicatos, fuera de cualquier tipo de negociación, lo cual calificó de “exceso”. “En ese sentido nuestra propuesta es que al menos en ciertas materias podemos dividir el concepto de titularidad para remuneración y otros beneficios por grupos negociadores”, dijo.

Eventuales

En su exposición que duró unos 18 minutos, Marshall también tuvo palabras para la negociación colectiva de trabajadores eventuales. Dicha instancia estaría generando preocupación en la industria.

“Como son trabajadores que no tienen una relación contractual permanente con la empresa se genera el conflicto que si un trabajador eventual adicional que no participó en la negociación firma por el sindicato no queda claro si el hecho de firmar por el sindicato lo hace automaticamente beneficiario del contrato. En ese caso, tendríamos sindicatos de trabajadores eventuales con la posibilidad de incorporar a los mismos beneficios a otros trabajadores que no negociaron el contrato inicial lo que significaría desde el punto de vista de la empresa una dificultad para negociar con trabajadores eventuales”, dijo.

Pactos de adaptabilidad y negociación por rama

Sobre los llamados pactos de adaptabilidad, Marshall indicó que “son importantes para el sector porque estamos visualizando mayor presencia de naves grandes y eso va a significar una alteración en los procesos de trabajo en los puertos intermedios y es posible que en este ámbito uno pueda aplicar el concepto de titularidad completamente para que estas materias queden reservadas al sindicato mayoritario y no a cualquier negociación”.

A su vez, Marshall de igual forma adviritió que si bien una negociación por rama no es problema para el sector, sí puede llegar a serlo para los usuarios de la cadena logística.

“Nosotros en el pasado hemos tenido negociación por rama y cuando estamos hablando de un sector donde la actividad no es transable, donde no hay competencia en la práctica, estamos hablando de un sector que traspasa costos que serán pagados por el usuario. Una negociación por rama en el sector portuario no es problema para el sector portuario, sino para los exportadores”, aseveró.

Cotraporchi: “La reforma está llena de eufemismos”

Acabada la presentación de la Camport, el presidente de la Comisión del Trabajo entregó la palabra a la Cotraporchi cuya presentación fue efectuada por su secretario, José Bernao, quien aseguró que el proyecto de ley que busca modernizar las relaciones laborales en Chile entra en contradicciones y se “llena de eufemismos” al cambiar solo la forma de la redacción de las normas actuales.

“¿Que se cuestiona y se discute en esta oportunidad?, titularidad sindical, pactos de adaptabilidad laboral, negociación por rama, el derecho a la huelga, piso de la negociación, reemplazo de los trabajadores en huelga y otros. Consideramos lamentable que se pueda desperdiciar esta gran oportunidad de mejora, que busca modernizar las relaciones laborales, esto porque el proyecto actual modifica y reescribe más de cien artículos del actual código, donde las modificaciones son de forma y no de fondo y se llena de eufemismos”, apuntó Bernao.

“Citamos solo a modo de ejemplo, la huelga, para hacerla efectiva se debe dar curso a un riguroso procedimiento en plazos y condiciones muy acotadas, que se exige que la votación sea secreta y ante un ministro de fe y con quórum mínimo para calificar su validez, el ministro de fe es designado por la Dirección del Trabajo, organismo del Estado, destinado a brindar protección a los derechos de los trabajadores, sin embargo en la realidad nos hemos encontrado con respuestas a la solicitud de un ministro de fe, que las necesidades superan las posibilidades del servicio, así entonces podría una organización sindical perder un derecho constitucional, como lo es la huelga, por la incapacidad del Estado de proporcionar las condiciones que la ley obliga”, ejemplificó a reglón seguido.

Bernao enfatizó que “es este mismo servicio, el llamado a mediar y calificar los servicios mínimos, nueva herramienta que permite conculcar el derecho de los trabajadores, estas disposiciones consideradas en los artículos 359 y 360, merecen nuestra observación y rechazo por el simple y sencillo hecho de que la Dirección del Trabajo deberá recurrir a especialistas para poder realizar la calificación que este código le encomienda, al no contar directamente con el personal competente y calificado para ello”.

A juicio del dirigente, el texto enviado por el Gobierno, y que cumple su segundo trámite constitucional en la Cámara Alta, está “plagado de letra chica”, especialmente en lo que refiere a la redacción del artículo 314, referido a la negociación no reglada, que -a juicio de los portuarios- entraría en contradicciones con el 321 y siguientes al desincentivar la titularidad sindical y la extensión de beneficios a no sindicalizados.

“En nuestra opinión podemos superar las insuficiencias que se le plantean a este proyecto desde todos los sectores de la sociedad, que son públicas y conocidas, si se realizan las indicaciones necesarias para mantener la pureza literal del artículo 314 y puedan los trabajadores según conveniencia y necesidades negociar en la forma y el fondo todas las materias posibles sin limitaciones”, fundamentó el trabajador.

Bernao, asimismo, refutó a la Camport en relación a la negociación por rama, manifestando que  en la Costa Oeste de Estados Unidos,  la International Warehouse Union estuvo cinco días en huelga y seis meses realizando negociaciones con la Pacific Maritime Association, lo que se tradujo en un acuerdo válido por seis años para todos los puertos y trabajadores de esa zona.

El dirigente también presentó casos de Canadá donde el convenio entre portuarios y empleadores se ha estipulado por 8 años, abarcando “en sus noventa y seis páginas totdas las materias de  interés mutuo para una relación laboral seria y permanente”.

Robotización

Al cierre de su exposición, Bernao advirtió la necesidad de planes de reconversión laboral y planes de retiros dado el avance tecnológico que tenderá cada vez más a la automatización de los procesos.

“Tal es así que en Australia SIdney Patrick, Port Botany, opera en forma robotizada, lo aquí comentado nos obliga a estar atentos y poder desde ya negociar materias como retiros y reconversiones labores, por ejemplo, estimamos que es posible acceder a lo solicitado y dar al artículo 314 la fortaleza que este proyecto necesita, dotando así a los trabajadores de las herramientas que se necesitan para tener una relación laboral moderna y acorde a las necesidades del país”, señaló.

Ausencia Unión Portuaria

 Durante la sesión, en la cual participaron, además de la Camport y Cotraporchi, otros gremios y sindicatos como la Cámara Chilena de la Construcción; el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de la Construcción, Montaje Industrial y afines (Sintec); la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), llamó la atención la ausencia de la Unión Portuaria de Chile (UPCH).

Consultados al respecto, desde la UPCH se aseguró que solicitaron realizar su exposición frente a la Comisión en su próxima reunión de la instancia parlamentaria.

En esa línea, se dijo desde la Unión Portuaria que las indicaciones que ellos se encuentran preparando estarán listas el próximo 17 de julio y que serán votadas por las bases el 20 de julio, tras lo cual estarían en condiciones de ser presentadas ante los legisladores.

 

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Camport y Cotraporchi exponen su postura sobre la Reforma Laboral ante Comisión del Trabajo del Senado

La Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport) y la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile (Cotraporchi) expusieron su parecer sobre la Reforma Laboral que impulsa el Gobierno ante la Comisión del Trabajo del Senado, la cual es presidida por el senador Juan Pablo Letelier.

En sesión, llevada a cabo la tarde de este lunes en el ex Congreso Nacional en Santiago, el presidente de la Camport, Jorge Marshall, se refirió a cómo se dan las relaciones laborales en el ámbito marítimo-portuario y a las principales preocupaciones de la industria apuntando derechamente a las huelgas ilegales que, a la larga, encarecen los costos de los usuarios de la cadena logística en su integralidad.

 Marshall, aseguró que “cuando observamos el contenido del proyecto en lo que se refiere al sector portuario, lo que constatamos es que prácticamente la totalidad de los conflictos, los paros, las huelgas en el sector portuario han sido al margen de toda consideración legal; es decir, fuera del marco institucional. En ese sentido, el aspecto más crítico -a nuestro juicio- corresponde al insuficiente avance de la institucionalidad para hacerse cargo de este tipo de paros”.

Asimismo, Jorge Marshall explicó que “normalmente, los trabajadores del sector tienen una remuneración significativamente más alta que la de técnicos afines a la labor portuaria y muy, pero muy superior a la de trabajadores no calificados. A pesar de esto, de tener una alta afiliación (a sindicatos) de sobre el 90% de los trabajadores, de tener ingresos por sobre el promedio de los trabajadores afines, el sector mantiene una alta conflictividad”.

Según Marshall, las principales preocupaciones del sector, y que requieren un “esfuerzo nacional”, son -además de los recurrentes conflictos- la baja productividad laboral y los cambios tecnológicos que está experimentando el rubro, por lo que de no haber cláusulas de adaptabilidad muchos puertos de tamaños intermedios se verían deprimidos.

De acuerdo al presidente de la Camport, una huelga ilegal de diez días puede generar perjuicios económicos de más de 150 millones de dólares, costos que son cargados a exportadores, importadores, consumidores y transportistas.

Sin perjuicio de lo anterior, el presidente de la Camport no desconoció el derecho a huelga de los trabajadores, lo cual ha sido planteado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, propuso que existan mecanismos que “encaucen” las diferencias entre empresas y empleados por una vía institucional.

“Todos sabemos que las recomendaciones del Comité de expertos de la OIT plantea el derecho a huelga y el derecho a paralización, de modo que no es ese el punto que está en discusión, sino la pregunta es si ese derecho de los trabajadores debe ser complementado por mecanismos para encausar los conflictos de un modo institucional y creemos que ese es el desafío fundamental de este proyecto”, expresó el timonel de la Camport.

En esa línea, Marshall planteó que si las empresas portuarias son consideradas estratégicas se analice la posibilidad de que que una comisión gubernamental calendarice las negociaciones o bien que las compañías limiten los periodos “sensibles” para llevar a cabo estos procesos.

“Lo mismo se refiere al reemplazo en huelga. Si queremos privilegiar el objetivo de que los servicios portuarios se mantengan como servicios continuos también deberíamos buscar mecanismos institucionales como un organismo independiente de caracter técnico que facilite la definición de los servicios mínimos en este ámbito, porque los costos los pagan terceros, ni los trabajadores ni las empresas del sector”, añadió.

Por otra parte, Marshall cuestionó la llamada titularidad sindical, ya que -a su juicio- en el caso de la industria portuaria deja a grupos de trabajadores, que se encuentran fuera de los sindicatos, fuera de cualquier tipo de negociación, lo cual calificó de “exceso”. “En ese sentido nuestra propuesta es que al menos en ciertas materias podemos dividir el concepto de titularidad para remuneración y otros beneficios por grupos negociadores”, dijo.

Eventuales

En su exposición que duró unos 18 minutos, Marshall también tuvo palabras para la negociación colectiva de trabajadores eventuales. Dicha instancia estaría generando preocupación en la industria.

“Como son trabajadores que no tienen una relación contractual permanente con la empresa se genera el conflicto que si un trabajador eventual adicional que no participó en la negociación firma por el sindicato no queda claro si el hecho de firmar por el sindicato lo hace automaticamente beneficiario del contrato. En ese caso, tendríamos sindicatos de trabajadores eventuales con la posibilidad de incorporar a los mismos beneficios a otros trabajadores que no negociaron el contrato inicial lo que significaría desde el punto de vista de la empresa una dificultad para negociar con trabajadores eventuales”, dijo.

Pactos de adaptabilidad y negociación por rama

Sobre los llamados pactos de adaptabilidad, Marshall indicó que “son importantes para el sector porque estamos visualizando mayor presencia de naves grandes y eso va a significar una alteración en los procesos de trabajo en los puertos intermedios y es posible que en este ámbito uno pueda aplicar el concepto de titularidad completamente para que estas materias queden reservadas al sindicato mayoritario y no a cualquier negociación”.

A su vez, Marshall de igual forma adviritió que si bien una negociación por rama no es problema para el sector, sí puede llegar a serlo para los usuarios de la cadena logística.

“Nosotros en el pasado hemos tenido negociación por rama y cuando estamos hablando de un sector donde la actividad no es transable, donde no hay competencia en la práctica, estamos hablando de un sector que traspasa costos que serán pagados por el usuario. Una negociación por rama en el sector portuario no es problema para el sector portuario, sino para los exportadores”, aseveró.

Cotraporchi: “La reforma está llena de eufemismos”

Acabada la presentación de la Camport, el presidente de la Comisión del Trabajo entregó la palabra a la Cotraporchi cuya presentación fue efectuada por su secretario, José Bernao, quien aseguró que el proyecto de ley que busca modernizar las relaciones laborales en Chile entra en contradicciones y se “llena de eufemismos” al cambiar solo la forma de la redacción de las normas actuales.

“¿Que se cuestiona y se discute en esta oportunidad?, titularidad sindical, pactos de adaptabilidad laboral, negociación por rama, el derecho a la huelga, piso de la negociación, reemplazo de los trabajadores en huelga y otros. Consideramos lamentable que se pueda desperdiciar esta gran oportunidad de mejora, que busca modernizar las relaciones laborales, esto porque el proyecto actual modifica y reescribe más de cien artículos del actual código, donde las modificaciones son de forma y no de fondo y se llena de eufemismos”, apuntó Bernao.

“Citamos solo a modo de ejemplo, la huelga, para hacerla efectiva se debe dar curso a un riguroso procedimiento en plazos y condiciones muy acotadas, que se exige que la votación sea secreta y ante un ministro de fe y con quórum mínimo para calificar su validez, el ministro de fe es designado por la Dirección del Trabajo, organismo del Estado, destinado a brindar protección a los derechos de los trabajadores, sin embargo en la realidad nos hemos encontrado con respuestas a la solicitud de un ministro de fe, que las necesidades superan las posibilidades del servicio, así entonces podría una organización sindical perder un derecho constitucional, como lo es la huelga, por la incapacidad del Estado de proporcionar las condiciones que la ley obliga”, ejemplificó a reglón seguido.

Bernao enfatizó que “es este mismo servicio, el llamado a mediar y calificar los servicios mínimos, nueva herramienta que permite conculcar el derecho de los trabajadores, estas disposiciones consideradas en los artículos 359 y 360, merecen nuestra observación y rechazo por el simple y sencillo hecho de que la Dirección del Trabajo deberá recurrir a especialistas para poder realizar la calificación que este código le encomienda, al no contar directamente con el personal competente y calificado para ello”.

A juicio del dirigente, el texto enviado por el Gobierno, y que cumple su segundo trámite constitucional en la Cámara Alta, está “plagado de letra chica”, especialmente en lo que refiere a la redacción del artículo 314, referido a la negociación no reglada, que -a juicio de los portuarios- entraría en contradicciones con el 321 y siguientes al desincentivar la titularidad sindical y la extensión de beneficios a no sindicalizados.

“En nuestra opinión podemos superar las insuficiencias que se le plantean a este proyecto desde todos los sectores de la sociedad, que son públicas y conocidas, si se realizan las indicaciones necesarias para mantener la pureza literal del artículo 314 y puedan los trabajadores según conveniencia y necesidades negociar en la forma y el fondo todas las materias posibles sin limitaciones”, fundamentó el trabajador.

Bernao, asimismo, refutó a la Camport en relación a la negociación por rama, manifestando que  en la Costa Oeste de Estados Unidos,  la International Warehouse Union estuvo cinco días en huelga y seis meses realizando negociaciones con la Pacific Maritime Association, lo que se tradujo en un acuerdo válido por seis años para todos los puertos y trabajadores de esa zona.

El dirigente también presentó casos de Canadá donde el convenio entre portuarios y empleadores se ha estipulado por 8 años, abarcando “en sus noventa y seis páginas totdas las materias de  interés mutuo para una relación laboral seria y permanente”.

Robotización

Al cierre de su exposición, Bernao advirtió la necesidad de planes de reconversión laboral y planes de retiros dado el avance tecnológico que tenderá cada vez más a la automatización de los procesos.

“Tal es así que en Australia SIdney Patrick, Port Botany, opera en forma robotizada, lo aquí comentado nos obliga a estar atentos y poder desde ya negociar materias como retiros y reconversiones labores, por ejemplo, estimamos que es posible acceder a lo solicitado y dar al artículo 314 la fortaleza que este proyecto necesita, dotando así a los trabajadores de las herramientas que se necesitan para tener una relación laboral moderna y acorde a las necesidades del país”, señaló.

Ausencia Unión Portuaria

 Durante la sesión, en la cual participaron, además de la Camport y Cotraporchi, otros gremios y sindicatos como la Cámara Chilena de la Construcción; el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de la Construcción, Montaje Industrial y afines (Sintec); la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), llamó la atención la ausencia de la Unión Portuaria de Chile (UPCH).

Consultados al respecto, desde la UPCH se aseguró que solicitaron realizar su exposición frente a la Comisión en su próxima reunión de la instancia parlamentaria.

En esa línea, se dijo desde la Unión Portuaria que las indicaciones que ellos se encuentran preparando estarán listas el próximo 17 de julio y que serán votadas por las bases el 20 de julio, tras lo cual estarían en condiciones de ser presentadas ante los legisladores.

 

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