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Contraloría guatemalteca cuestiona 19 contratos de la Empresa Portuaria Quetzal

quetzalLa Contraloría General de Cuentas (CGC) de Guatemala presentó una denuncia penal contra 19 contratos que están vigentes en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) por considerar que trasladan las competencias públicas al sector privado.

El contralor Carlos Menco explicó que la denuncia penal se hizo ante el Ministerio Publico (MP), donde se solicitó el análisis de hallazgos sospechosos luego que un grupo de abogados y auditores verificaran al menos 100 contratos que “comprometen a la portuaria”, informó la Agencia Guatemalteca de Noticias.

“Presentamos una denuncia penal puntualizando algunos aspectos de 19 contratos de la Empresa Portuaria Quetzal. Tenemos un grupo de abogados y de auditores y estamos revisando más de 100 contratos que se han hecho en los temas de publicidad y con temas de usufructos, de arrendamiento”, dijo Mencos.

El contralor indicó que la semana pasada se concluyó el análisis de los 19 contratos denunciados y aseguró poseer una coordinación total con las autoridades del Ministerio Publico (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

“Las denuncias buscan conseguir que se anulen esos contratos, que haya una persecución penal si hubiera alguna responsabilidad de algunos funcionarios y luego la acción a través de la Procuraduría General de la Nación (PGN) para buscar la nulidad”, aseguró.

Las anomalías encontradas en los contratos denunciados se encuentran en el cambio de su naturaleza, pasándolos de arrendamiento a usufructo, para evitar la función pública y entregando la competencia al sector privado, resaltó.

Menciono que también se están analizando una serie de contratos celebrados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en los últimos años porque provocan “duda”, pues se le está aplicando un mecanismo de revisión puntual de los compromisos institucionales.

“Estamos revisando con Aeronáutica Civil una serie de contratos que nos han provocado dudas y que se han desarrollado a lo largo de los últimos años y creemos que este mecanismo de revisión puntual de los compromisos institucionales es donde se ha evidenciado alguna amenaza de menoscabo de los intereses del estado”, detalló Mencos.

 

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