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Guatemala: Fiscalía embarga propiedades a Terminal de Contenedores Quetzal por caso de corrupción

quetzalLa Fiscalía de Guatemala decretó  el embargo de un vehículo, 10 inmuebles y una cuenta bancaria relacionados con el caso de corrupción en el que está implicado la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), filial de la holandesa APM Terminals.

En un comunicado replicado por la agencia EFE, el Ministerio Público (MP) indicó que esta resolución, dictada por la Unidad de Extinción de Dominio, va en contra de una camioneta tipo Land Rover, con un valor aproximado de 1 millón de quetzales (más de 131.000 dólares), vinculado a Mario Ruano San José, quien fue secretario del magistrado Douglas Charchal.

Según la investigación, el magistrado delegó a Ruano para que el Juzgado de Escuintla presuntamente denegara un amparo planteado por el alcalde del municipio de Puerto San José, José Alberto Rizzo Morán, que exigía que TCQ pagara una licencia para operar por 24 millones de quetzales (3,1 millones de dólares).

Además del vehículo, la Fiscalía embargó diez bienes inmuebles que están registrados a nombre de la entidad de Eduardos Platinum Sociedad Anónima, la cual se encuentra relacionada a William Schank, pendiente de captura por este caso.

También se embargó una cuenta por 125.914 dólares, cantidad que habría sido pagada como anticipo por la reserva de apartamentos habitacionales, aunque la Fiscalía no dio más detalles.

APM Terminals es dueña del 85 % de TCQ, que administra la terminal y las obras de ampliación del Puerto Queztal, la mayor portuaria de Guatemala, mientras que el otro 15 % es propiedad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial.

La ampliación del puerto, en el departamento sureño de Escuintla, se produjo a través de un usufructo entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), los que firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.

Este es el eje de una trama de corrupción supuestamente liderada por el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes exigían el pago de un soborno de unos 30 millones de dólares para la adjudicación del proyecto. 

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Guatemala: Fiscalía embarga propiedades a Terminal de Contenedores Quetzal por caso de corrupción

quetzalLa Fiscalía de Guatemala decretó  el embargo de un vehículo, 10 inmuebles y una cuenta bancaria relacionados con el caso de corrupción en el que está implicado la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), filial de la holandesa APM Terminals.

En un comunicado replicado por la agencia EFE, el Ministerio Público (MP) indicó que esta resolución, dictada por la Unidad de Extinción de Dominio, va en contra de una camioneta tipo Land Rover, con un valor aproximado de 1 millón de quetzales (más de 131.000 dólares), vinculado a Mario Ruano San José, quien fue secretario del magistrado Douglas Charchal.

Según la investigación, el magistrado delegó a Ruano para que el Juzgado de Escuintla presuntamente denegara un amparo planteado por el alcalde del municipio de Puerto San José, José Alberto Rizzo Morán, que exigía que TCQ pagara una licencia para operar por 24 millones de quetzales (3,1 millones de dólares).

Además del vehículo, la Fiscalía embargó diez bienes inmuebles que están registrados a nombre de la entidad de Eduardos Platinum Sociedad Anónima, la cual se encuentra relacionada a William Schank, pendiente de captura por este caso.

También se embargó una cuenta por 125.914 dólares, cantidad que habría sido pagada como anticipo por la reserva de apartamentos habitacionales, aunque la Fiscalía no dio más detalles.

APM Terminals es dueña del 85 % de TCQ, que administra la terminal y las obras de ampliación del Puerto Queztal, la mayor portuaria de Guatemala, mientras que el otro 15 % es propiedad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial.

La ampliación del puerto, en el departamento sureño de Escuintla, se produjo a través de un usufructo entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), los que firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.

Este es el eje de una trama de corrupción supuestamente liderada por el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes exigían el pago de un soborno de unos 30 millones de dólares para la adjudicación del proyecto.