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Parlamentaria costarricense denuncia irregularidades de APM Terminals en dicho país

La diputada del Partido Frente Amplio de Costa Rica, Ligia Fallas, se sostuvo una reunión con el Presidente de dicha nación, Luis Guillermo Solís y la Viceministra de Ambiente Patricia Madrigal, ya que a jucio de la legisladora, el Ejecutivo “se está lavando las manos” con las ilegalidades de APM Terminals, según informó Elpaís.cr.

Fallas le expresó al Presidente su inquietud por la falta de preocupación por el desove de las tortugas Baula, una especie en peligro de extinción; el incumpliendo con el diseño de ruta 257 y por las concesiones de minería no metálica, otorgadas en las áreas de amortiguamiento de la cuenca del rio Banano.

Para la diputada “fue sorpresivo e indignante” comprobar el desconocimiento, por parte de Solís, de las condiciones en que fue otorgada la concesión, como por ejemplo, la fase 2A del contrato, que incluye darle a la concesionaria holandesa al menos 40 hectáreas más del humedal Cariari, patrimonio de la humanidad.

Solís aseguró estar investigando el tema y averiguar quién aprobó las concesiones que ya empezaron obras desde inicios de este mes de marzo.

“Lo estoy investigando porque de eso yo no estoy enterado, le pedí al ministro Carlos Segnini que me diera un informe sobre quién lo aprobó, porque eso se dio aparentemente en concesiones. Yo quiero ver quién lo aprobó y en qué términos se hizo; cuál es el tramite que se dio porque en concesiones hay tres ministros de Estado y el Presidente Ejecutivo del Banco Central y ninguno me informó sobre eso, y es un tema que es responsabilidad del Gobierno”, aseguró Solís.

En la reunión, Fallas estuvo acompañada de representantes del sector defensor de los animales, ecologista y activistas sociales para discutir las irregularidades e ilegalidades del contrato con la compañía transnacional APM Terminals.

Durante la reunión se entregó una carta con más de cuatro mil firmas en contra de la destrucción del Humedal Cariari en Moín de Limón. También se discutieron temas como el refrendo que dio la Contraloría al contrato sin contar con viabilidad ambiental.

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Parlamentaria costarricense denuncia irregularidades de APM Terminals en dicho país

La diputada del Partido Frente Amplio de Costa Rica, Ligia Fallas, se sostuvo una reunión con el Presidente de dicha nación, Luis Guillermo Solís y la Viceministra de Ambiente Patricia Madrigal, ya que a jucio de la legisladora, el Ejecutivo “se está lavando las manos” con las ilegalidades de APM Terminals, según informó Elpaís.cr.

Fallas le expresó al Presidente su inquietud por la falta de preocupación por el desove de las tortugas Baula, una especie en peligro de extinción; el incumpliendo con el diseño de ruta 257 y por las concesiones de minería no metálica, otorgadas en las áreas de amortiguamiento de la cuenca del rio Banano.

Para la diputada “fue sorpresivo e indignante” comprobar el desconocimiento, por parte de Solís, de las condiciones en que fue otorgada la concesión, como por ejemplo, la fase 2A del contrato, que incluye darle a la concesionaria holandesa al menos 40 hectáreas más del humedal Cariari, patrimonio de la humanidad.

Solís aseguró estar investigando el tema y averiguar quién aprobó las concesiones que ya empezaron obras desde inicios de este mes de marzo.

“Lo estoy investigando porque de eso yo no estoy enterado, le pedí al ministro Carlos Segnini que me diera un informe sobre quién lo aprobó, porque eso se dio aparentemente en concesiones. Yo quiero ver quién lo aprobó y en qué términos se hizo; cuál es el tramite que se dio porque en concesiones hay tres ministros de Estado y el Presidente Ejecutivo del Banco Central y ninguno me informó sobre eso, y es un tema que es responsabilidad del Gobierno”, aseguró Solís.

En la reunión, Fallas estuvo acompañada de representantes del sector defensor de los animales, ecologista y activistas sociales para discutir las irregularidades e ilegalidades del contrato con la compañía transnacional APM Terminals.

Durante la reunión se entregó una carta con más de cuatro mil firmas en contra de la destrucción del Humedal Cariari en Moín de Limón. También se discutieron temas como el refrendo que dio la Contraloría al contrato sin contar con viabilidad ambiental.

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