Se cerró el proceso de presentación de ofertas para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT). Ahora se abrirá la etapa de apertura del Sobre N° 1 a través del portal Contrat.ar, el que determinará quién se hará cargo de la principal vía logística fluvial de Argentina para los próximos 30 años, al 2055, con posibilidad de prórroga hasta el 2085, según informó GlobalPorts.

El proceso llega a su fin marcado por controversias, en donde hace poco se conoció el dictamen emitido por el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez, junto a su auxiliar Esteban Luis Venditti, enmarca en el Expediente PIA N° 126/2022 en el que identifican diversas observaciones y problemas que podrían afectar la validez y efectividad de la licitación.

La administración de la Vía Navegable Troncal se trata de un negocio de gran magnitud, según algunos especialistas, la facturación anual por el cobro de peajes alcanzaría los USD 410 millones, lo que representaría USD 12.300 millones en tres décadas. De acuerdo con estimaciones oficiales, descontando el gasto en infraestructura, el concesionario obtendría una ganancia neta del 12% sobre el total facturado.

A lo largo del proceso, diversas modificaciones, impugnaciones y ajustes han marcado el camino hacia esta licitación, generando debates sobre su transparencia, impacto económico y equidad para los distintos actores involucrados. Los primeros problemas se presentaron fines de año pasado, cuando la Coalición Cívica denunció supuestas irregularidades en el proceso, alegando favorecimiento a un concesionario específico y restricciones que limitan la participación de otros oferentes.

Asimismo, la Fundación Pensar advirtió sobre posibles sobrecostos para los productores argentinos, estimando que el esquema actual podría implicar una transferencia significativa de recursos al concesionario. A esto se le sumaron organizaciones ambientales, quienes cuestionaron la concesión a largo plazo y alertan sobre el impacto ecológico, así como la exclusión de empresas estatales y asiáticas.

Este año los inconvenientes comenzaron con el Consejo Portuario Argentino (CPA) pidiendo suspender la licitación, argumentando la falta de un estudio ambiental actualizado y sugiriendo que la gestión estatal continúe hasta que se revisen los pliegos. Más tarde, las empresas Dredging, Environmental and Marine Engineering NV (DEME) y Rohde Nielsen anuncian nuevas acciones legales contra el proceso, alegando que el proceso favorece a la firma Jan de Nul.