El Gobierno de Argentina, a través del Decreto 37/2025 sobre “Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (Reginave)”, provocó la eliminación de los serenos de buques, lo que causó preocupación por potenciales deficiencias en materia de seguridad de navíos y por la pérdida de puestos de trabajo.

“La nueva normativa otorgó la libertad de contratar a estos trabajadores a cargo de la vigilancia general de las embarcaciones amarradas en puerto. Son también quienes hasta entonces ejercían el control sobre la carga o mercaderías depositadas en muelles, riberas y plazoletas”, según consignó la agencia de noticias sindicales Mundo Gremial.

“Por decisión del Gobierno nacional, a partir del pasado 20 de enero, la contratación de los serenos de buques de carga pasó a ser opcional. La situación encendió las alertas de distintos actores de la actividad que advierten sobre las graves consecuencias en materia de seguridad y control”, informó.

El sereno de buque es un auxiliar de la Prefectura Naval Argentina que se encarga de la seguridad en los puertos. La figura data desde 1904 y desde entonces estuvo contemplada en distintos regímenes de la actividad.

Específicamente, un sereno tiene como funciones principales controlar el acceso al buque, vigilar la carga y mercaderías, detectar y denuncias derrames de líquidos, prevenir delitos y alertar sobre intentos de contrabando, entre otros puntos. Su tarea es fiscalizada por la Prefectura Naval para cumplir con la reglamentación vigente.

“La eliminación de los serenos se traduce en menos controles y un incremento de delitos, con la alerta latente sobre un aumento del contrabando y tráfico de drogas y armas, entre otros delitos, sobre todo en buques de bandera extranjera. El sereno es el único que tiene la potestad para revisar a quien ingresa a la embarcación”, puntualizó Mundo Gremial.

“Además de las complicaciones operativas y de seguridad, el decreto de Milei implicó una pérdida de más de 600 puestos de trabajo en el sector portuario, que conforman un elemento esencial en la protección de los intereses nacionales”, complementó.

La medida desreguladora se implementó en el marco del DNU 70/23 y de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Entre sus considerandos, el Decreto 37/2025 refiere una “simplificación de los procedimientos, la reducción de las exigencias normativas y la eliminación de regulaciones innecesarias”.

Además, sostiene que la adecuación del marco reglamentario otorgará “mayor dinamismo, simplicidad y operatividad, para que los usuarios accedan a sus requerimientos sin cargas ni dilaciones innecesarias”. También asegura que el servicio de serenos de buque “no está alineado con los estándares modernos de seguridad de los buques y puertos”.

En línea con lo estipulado por fuentes de Mundo Gremial ligadas a la actividad afectada, con el decreto se verían beneficiadas empresas que operan en los corredores cerealeros de San Lorenzo, Santa Fe y Bahía Blanca, con acciones también en otros puertos bonaerenses, Concepción de Uruguay y Entre Ríos.

Asimismo, se indicó que la contratación de serenos de buques se realiza con 60 días de anticipación a la carga del buque, razón por la cual todos los servicios realizados desde la publicación del decreto a la fecha debieron estar negociados y cerrados, pero se denunció que los serenos no fueron contratados y se acusó que las empresas continuaron cobrando los montos por serenos de buques cuyos servicios no fueron utilizados.