Por Redacción PortalPortuario
La Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B) emitió un comunicado rechazando los bloqueos de caminos “con fines políticos”, lo que ha complicado el abastecimiento de combustibles por la restricción de flujo de camiones cisterna.
Al respecto, Daniel Villarroel, gerente ejecutivo de ASP-B, remarcó que la entidad “manifiesta su firme rechazo a los bloqueos que impulsa Evo Morales y sectores afines porque atentan contra la estabilidad económica del pueblo boliviano”.
“Esta medida de presión, que busca habilitar la candidatura de Evo Morales al margen de la Ley, afecta la estabilidad económica, el comercio exterior y genera un encarecimiento de los cotos logísticos, generando incertidumbre en el mercado y perjuicio para la población en general”, agregó.
En este sentido, Villarroel subrayó que “desde la ASP-B denunciamos que este tipo de acciones constituyen una clara amenaza al derecho al libre tránsito, pilar fundamental para el comercio internacional, la seguridad alimentaria y la reactivación económica del país. Reafirmamos nuestro pleno respaldo a la gestión del Presidente Constitucional Luis Arce Catacora, electo democráticamente por el pueblo boliviano”.
Anteriormente, el director de Comercialización e Importación de Hidrocarburos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Marcos Durán, informó que ante la obstrucción de rutas los vehículos cargados con ustibles estaban tomando vías alternas, las que implican un mayor tiempo de desplazamiento.
“Tenemos adopciones de rutas alternas, lo cual nos está involucrando un mayor tiempo de desplazamiento de las cisternas. Eso nos está perjudicando de sobremanera, le pediría a toda la población que está en esta actitud deponer la misma”. demandó Durán.
En línea con lo reportado por medios bolivianos, los seguidores de Evo Morales serían los encargaos de efectuar los bloqueos, lo que estaría siendo llevado a cabo con el fin de forzar la participación del exmandatario en las elecciones de agosto próximo. Esto a pesar de estar constitucionalmente inhabilitado.
