Por Redacción PortalPortuario
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El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) autorizó la licitación del Canal de Acceso al Porto de Paranaguá. El proyecto, elaborado por el Ministerio de Puertos y Aeropuertos (MPor), será el primero en Brasil en otorgar la concesión de infraestructura de entrada marítima y acceso hidroviario en puertos organizados. La inversión que realizará la concesionaria será de 216,4 millones de dólares prevista en los primeros cinco años, a partir de la firma del contrato y del plazo de posesión.
“El Gobierno de Paraná está una vez más siendo pionero en el desarrollo de nuevos modelos y propuestas para que nuestra infraestructura sea cada vez más explorada”, destacó el presidente ejecutivo de Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.
Bajo informe del ministro Benjamin Zymler, el TCU determinó que la concesionaria establezca un sistema integrado de defensoría del pueblo en tiempo real y sin filtro previo.
“El socio privado será responsable de tres elementos fundamentales: la ampliación, el mantenimiento y la operación del canal de acceso al puerto”, explicó el ministro.
Las inversiones incluyen estudios y levantamientos hidrográficos, dragados, demoliciones, señalización, balizamiento náutico, implementación de un sistema de monitoreo y control del tráfico de embarcaciones, entre otras acciones que favorecen la operación y mantenimiento del canal de acceso al Porto de Paranaguá.
“El proyecto es destacable porque las inversiones no se limitan a lo que necesita la concesionaria. Abarcará todo, desde el dragado hasta la obtención de la licencia ambiental, actualmente a cargo de Portos do Paraná. Al término de la concesión, en 25 años, la concesionaria deberá entregar el canal de acceso con una profundidad mínima de 15,5 metros, lo que para nosotros representa un gran avance”, explicó Bruna Nicolau, gerente de Planificación Estratégica. Actualmente, el mayor calado en los puertos de Paraná es de 13,1 metros.
El TCU también ordenó a la Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) realizar cambios en las cláusulas contractuales antes del proceso de licitación.
“Se hicieron algunas recomendaciones de ajustes específicos a los documentos técnicos, pero el organismo de control no identificó ninguna irregularidad que pudiera impedir que el proyecto siga adelante en un proceso de licitación”, afirmó Bruna.
