Por Redacción PortalPortuario

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El diputado Andrés Celis presentó una iniciativa legal que busca modificar la Ley N°19.542 para exigir que las empresas portuarias y sus concesionarias incluyan en sus memorias anuales las políticas, acciones y procedimientos que aplicarán para prevenir delitos de alta connotación pública como el tráfico de drogas, la trata de personas y el lavado de activos.

“Este proyecto nace de una preocupación concreta: muchas empresas estatales operan en sectores clave para el crimen organizado y no están entregando ninguna información sobre qué están haciendo para prevenir estos delitos”, explicó el diputado.

La propuesta, en una primera etapa, sólo regula estas acciones en las empresas portuarias, debido a que, según el político, constituye una vía propicia para el desarrollo de este tipo de delitos. Las estatales deberán rendir cuentas por escrito, todos los años, sobre sus acciones en materia de prevención criminal. Lo anterior no impide que, durante la etapa de tramitación, esta idea se extienda a las demás empresas públicas.

“No se trata solo de un principio de transparencia, se trata de asumir que el Estado también puede ser vulnerable a la infiltración de estas redes y que la inacción termina facilitando su avance”, afirmó Celis.

El legislador planteó que, a diferencia de los organismos persecutores tradicionales como el Ministerio Público, estas empresas han permanecido al margen del debate y la acción preventiva, pese a tener una influencia directa en áreas críticas.

Un ejemplo claro, según el diputado Celis, es lo que ocurre en los puertos del país, donde hay una infraestructura predictiva “exigua o derechamente inexistente”, lo que permite el paso constante de cargamentos ilegales.

“Si los escáneres para detectar drogas no se reponen porque no hay presupuesto, como ocurrió en San Antonio, entonces tenemos un problema serio. Y ese problema se debe a la descoordinación entre las empresas públicas y el gobierno central”, recalcó el congresista.

En ese sentido, señaló que el proyecto exige que las empresas portuarias y sus concesionarias detallen en sus memorias anuales “información especial relativa a los procedimientos adoptados para el combate al crimen organizado”, incluyendo acciones internas, controles, monitoreos y resultados concretos.

“No podemos seguir actuando como si el crimen organizado fuera un asunto policial únicamente. Tiene raíces financieras, institucionales y logísticas. Y muchas de esas raíces están, precisamente, en sectores donde el Estado tiene control o presencia empresarial”, insistió el diputado.

“Este es un proyecto de país. Por tanto invitamos al Gobierno a patrocinar este proyecto y discutirlo con suma urgencia. Si el crimen organizado se infiltra en nuestras instituciones, no hay política pública que resista. Por eso necesitamos actuar ahora y con decisión”, concluyó Celis.