Juan Alberto Arancibia es Ingeniero Civil Industrial, experto en puertos.
En Chile, la burocracia asociada a la aprobación de proyectos de infraestructura (permisología) ha alcanzado niveles preocupantes. Según estudios recientes del CEP, el costo de estos procesos administrativos representa aproximadamente un 7,3% del PIB nacional, afectando directamente el crecimiento económico anual, con un impacto estimado de 0,7% por año. El sector portuario no ha sido ajeno a esta problemática.
La tramitación ambiental de proyectos clave como el Puerto Gran Escala en San Antonio y la expansión del Puerto de Valparaíso se ha extendido por años, generando incertidumbre y retrasos que comprometen el desarrollo del país.
Casos emblemáticos
El proyecto Puerto Gran Escala (USD 3.500 millones) ingresó a evaluación ambiental en mayo de 2020 y aún se encuentra en proceso. Con dos ICSARA y una nueva Adenda programada para junio, se estima que, en el mejor de los casos, su primera etapa iniciaría operaciones en 2037, siempre y cuando la construcción del molo de abrigo comience a más tardar en 2027.
Por otro lado, la ampliación del Puerto de Valparaíso (USD 500 millones) inició su tramitación en 2014, obtuvo una RCA favorable en 2018, pero fue revocada en 2023, obligando a retrotraer el proceso a la etapa de Consulta Ciudadana. Actualmente, se espera una nueva Adenda para diciembre de este año. En este caso, es urgente lograr una RCA favorable previo al proceso de licitación del año 2029, lo que está en riesgo si la RCA se sigue demorando o bien se judicializa. El mejor escenario podría llevar a una posible entrada en operaciones, en 2034.
Impacto en el desarrollo
Incluso si ambos proyectos logran una RCA favorable en 2026, no sería extraño que enfrentaran procesos de judicialización, lo que implicaría dos o tres años más de incertidumbre antes de poder iniciar las obras. La falta de capacidad portuaria en la zona central que se anticipa hacia el final de esta década ya es un hecho que afectará el comercio y el crecimiento económico del país, ya que no existirá mayor capacidad portuaria relevante antes del 2034.
La permisología excesiva y de lenta resolución no solo impacta la infraestructura portuaria, sino también, y en mayor medida incluso, sectores estratégicos como la minería (cobre y hierro principalmente) y la energía (línea de transmisión Kamal – Lo Aguirre, proyectos de H2V de HNH, HIF, Total, EDF). Los costos de estos retrasos terminan siendo asumidos por todos los chilenos, reflejándose en menor crecimiento económico y por lo tanto menos recursos públicos para mejorar servicios fundamentales como salud, educación, seguridad y pensiones.
Es momento de replantear el enfoque regulatorio, encontrar un equilibrio más razonable que permita proteger el medioambiente sin frenar el desarrollo, transparentar el rol de las organizaciones ciudadanas y su financiamiento, e incorporar en la evaluación el aporte de las externalidades positivas de los proyectos. Chile necesita proteger el ecosistema, pero también necesita crecer para avanzar en mejor salud, educación, seguridad y pensiones.
