Al investigar y recopilar información sobre la autoridad a la que dependen las empresas portuarias de Chile, no queda claro. Por un lado, tenemos al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que, según la ley 19.542 en su artículo 4°, determina que las empresas portuarias son empresas del Estado con patrimonio propio, de duración indefinida y se relacionarán con el gobierno por medio del Ministerio antes nombrado.

Por otro lado, tenemos al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que considera que las empresas portuarias son parte de su Sistema de Empresas Públicas (SEP). El SEP es un comité creado por la CORFO como organismo técnico asesor del Estado, evaluando la gestión y el gobierno corporativo de las empresas del sector estatal.

A lo anterior se agrega una serie de problemas, desigualdades y pocos recursos por el área pesquera. Según detalla el Senador Alejandro Navarro en su informe “Un Ministerio del Mar para Chile”, se presenta en el país una institucionalidad pesquera desfinanciada y desarticulada, además del desprolijo trabajo con respecto a los pescadores artesanales versus los industriales.

También se presenta que no existe un centro de investigación pesquera pública, teniendo una costa de miles de kilómetros. Por último, se detalla que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura cuenta con muy pocas herramientas para fiscalizar, mientras que la Subsecretaría de Pesca  debe lidiar con las demandas de cuota entre pescadores artesanales e industriales.

Presentado lo anterior, la respuesta a la pregunta de esta columna se hace obvia. Claramente se necesita una autoridad superior como un Ministerio del Mar o una Subsecretaria del Mar que realice las tareas de fiscalizar, apoyar, gestionar y controlar toda la actividad marítima del país, ya sea de comercio exterior, transporte y pesca, entre otros.

Si volvemos a lo expuesto, se necesita una autoridad, o entidad, a la cual las empresas portuarias estatales deban presentar indicadores de gestión, rendimiento, proyecciones, entre otros. En resumen, alguna autoridad a la cual rendirle cuentas y que sea de manera formal, no como hoy que no queda claro a quien se reportan estas empresas.
Dado que la pregunta ya tiene respuesta, es necesario llevar aún más allá la reflexión.

La posible creación de una autoridad del mar debe ser lo suficientemente competente, con los recursos necesarios y con procesos debidamente establecidos para poder cumplir con lo que se sugiere. Es decir, se busca establecer una entidad que pueda realmente llevar a cabo sus tareas y que no sea, a modo de ejemplo, un Sernageomin llevado al mar. Una institución que no da abasto para llevar a cabo sus tareas de fiscalización, control, certificación y seguimiento a las distintas empresas mineras presentes en el país, desde la minería artesanal a la industrial.

Ojalá en un futuro, no lejano, este tema adquiera relevancia y pueda ser tramitado para que se realice una mejor gestión de lo que se hace ahora, dado que, como datos relevantes, Chile posee más 6.000 Km de costa y más del 90% de las exportaciones e importaciones se realizan por medio del transporte marítimo, siendo casi un tercio del PIB nacional. Razones suficientes para darle la importancia que merece el tema.