Por Redacción PortalPortuario
En el marco de la Mesta Técnica “Operadores y Normatividad del Comercio Internacional”, organizada por el Congreso de la República del Perú, la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) propuso una nueva Ley General de Aduanas que se ajuste a los estándares internacionales, promueva la eficiencia logística y asegure la legalidad en las operaciones de comercio exterior.
Al respecto, el presidente de Asppor, César Ballón, y el gerente general del gremio, Walter Robles, señalaron que la actual ley -vigente desde 2010 y modificada por múltiples decretos legislativos- ha perdido coherencia normativa y se ha orientado “desproporcionadamente” hacia el control aduanero, en desmedro de la competitividad del país. “Es imprescindible una reforma integral que recupere los principios de buena fe, presunción de veracidad y facilitación del comercio”, enfatizó Robles.
Entre los puntos centrales de su propuesta destacan “la necesidad de que todas las obligaciones y sanciones estén expresamente establecidas en la ley, evitando que la tabla de sanciones cree obligaciones indirectas”.
Asimismo, se busca “el respeto a los principios de legalidad, tipicidad y causalidad en la definición de infracciones”, siendo seguido por “un nuevo enfoque para el tratamiento de mercancías en tránsito, diferenciando claramente su régimen del de las mercancías nacionales o nacionalizadas”.
Además, se planteó “la posibilidad de que el importador pueda elegir libremente la aduana operativa y el tipo de despacho, sin ser penalizado por rectificaciones dentro de plazos razonables”.
A lo anterior le sigue “la claridad en la transferencia de responsabilidades entre operadores, transportistas, almacenes y la administración aduanera” y “un rol más activo y ágil de los almacenes aduaneros en la disposición de mercancías en abandono o comiso, bajo supervisión de la autoridad”.
Asppor concluyó su participación reafirmando que una nueva ley debe garantizar procedimientos modernos, uniformes y eficientes, que impulsen un comercio legítimo y una gestión de riesgo adecuada, generando un entorno propicio para las inversiones y el crecimiento del sector.
