Estados Unidos planea iniciar un proceso de modernización naval, entre lo que figura la construcción de 250 buques en un plazo de 10 años. Sin embargo, algunas autoridades miran con cautela aquellas pretensiones debido a el presupuesto y su origen, como también a las posibles repercusiones para los propietarios de la carga y los proveedores de logística, según consignó el medio The Loadstar.
Bajo este contexto, Lars Jensen, director ejecutivo de la consultora naviera Vespucci Maritime, sostuvo que los inversores en el sector marítimo ya están “animados y optimistas”. En tanto, los autores del proyecto de ley no han desglosado los segmentos de los navíos. “Lo aplican a todo, incluido el transporte de contenedores”, acotó.
Para introducir dinero a la construcción naval, la ley exige la creación de un Fondo Fiduciario de Seguridad Marítima para canalizar 250 millones de dólares anuales a los astilleros y formula un proyecto de incentivos centrado en un crédito fiscal a la inversión del 25%. No obstante, los observadores no creen que esto sea suficiente, ya que para revitalizar la industria de construcción naval se necesitarían decenas de miles de millones de dólares.
Jensen apuntó que la nueva administración esté buscando recaudar dinero de los buques construidos en China que hacen escala en puertos de los Estados Unidos. Aunque sostuvo que las alianzas de navieras podrían cambiar de navíos para evitar estos cobros.
También se podría obtener dinero adicional mediante multas a los propietarios de carga que incumplan con la disposición de la legislación, la que establece que el 10% de los bienes comerciales importados de China tienen que transportarse a bordo de los navíos con bandera estadounidense a partir de 2029. Sin embargo, implementar esto sería “extraordinariamente problemático”, argumentó el ejecutivo de Vespucci Maritime.
Cabe destacar que esta noticia viene en medio de una investigación sobre prácticas desleales en la construcción naval china. La indagatoria, iniciada en abril pasado, concluyó que China había utilizado políticas y prácticas injustas para dominar los sectores marítimo, logístico y de construcción naval globales, con medidas que iban desde el apoyo financiero estatal hasta el robo de propiedad intelectual y la transferencia forzada de tecnología.
En este sentido, cabe mencionar que los buques construidos en China representaron más del 50% de la actividad mundial en este sector en 2023. En contraparte, la construcción naval estadounidense ha bajado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pasando de 80 empresas que producían navíos a tan solo 20.
“Durante varios años, los dueños de buques veían con buenos ojos abastecerse de la fuente que ofrecía el menor coste: China. Actualmente Estados Unidos está analizando el asunto desde el punto de vista de la seguridad nacional, ya que no dispone de una flota suficientemente grande de buques de apoyo con bandera estadounidense para la marina”, explicó Jensen.
La Ley SHIPS, la cual se diseñó para políticas industriales, prevé un período de transición hasta 2029, durante el cual los buques construidos en el extranjero podrían cambiar de pabellón con la condición de que sean reemplazados por navíos fabricados en Estados Unidos tan pronto como estén disponibles.
Si bien algunos ven una posibilidad para que los astilleros surcoreanos se involucren, y señalan que algunos de ellos han colaborado con la Marina de los Estados Unidos en la revisión de naves de apoyo y con astilleros estadounidenses para diseñar barcos comerciales estadounidenses, Jensen sólo ve una manera en que Estados Unidos podría lograr un programa de construcción naval de la magnitud prevista por la Ley SHIPS a través de subsidios masivos.
Debido a la enorme diferencia entre los costos de producción de los buques en Estados Unidos y China, no está claro que tan atractivos serían los barcos construidos en Estados Unidos a menos que los operadores vieran incentivos financieros significativos.
Por su parte los académicos chinos reaccionaron a las noticias sobre la legislación propuesta por Estados Unidos, diciendo que el país norteamericano tiene una capacidad limitada para construir barcos y no es competitivo frente a los países asiáticos.
En tanto, otros sostienen que la ley podría resultar en mayores costos logísticos y ajustes en las rutas de envío o que los importadores estadounidenses podrían buscar soluciones de transporte alternativas para contrarrestar los costos elevados.