El Puerto de Valencia ve cada vez más cerca el momento iniciar la construcción de la nueva terminal norte de contenedores, paralizada desde finales de 2019 por el retraso en la aprobación del proyecto constructivo. Según el nuevo presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, esa aprobación se producirá a finales de este mismo mes, lo que permitirá a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) formalizar la concesión antes de que finalice el año.

Sin embargo, entre el inminente informe vinculante de Puertos del Estado sobre la ampliación norte futura terminal, que puede demorarse a febrero si se detectara algún “problema técnico especial”, y el otorgamiento definitivo de la concesión a la empresa TIL (Grupo MSC), el organismo que preside Aurelio Martínez aún tendrá que recabar un informe del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco).

En concreto, según explicó el propio Rodríguez Dapena durante su participación en un desayuno informativo organizado por Diario del Puerto, una vez Puertos del Estado valide el proyecto constructivo, el Miteco debe emitir un Informe de Compatibilidad con las Estrategias Marinas. Por ello, el responsable público prevé que los permisos pendientes para poder iniciar la obra se puedan resolver “a lo largo de este año”.

La emisión de ese informe corresponde a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, salvo que el proyecto consista en un dragado exento de evaluación de impacto ambiental (DIA), en cuyo caso es el servicio provincial de costas quien debe determinar si la obra es compatible con los objetivos ambientales de la estrategia marina correspondiente, en este caso la de la demarcación Levantino-Balear.

Uno de los grandes objetivos de esa demarcación con los que debe encajar el proyecto de la nueva terminal es el de “proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro y recuperar los ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto afectados negativamente”, según recoge la Estrategia Marina definida en su momento por el Miteco para la demarcación en la que se ubica el Puerto de Valencia.

A la vista de la obra prevista, el Ministerio de Transición Ecológica puede pronunciarse de forma favorable; favorable con condiciones, si la actuación es compatible con la estrategia marina pero debe ejecutarse con “ciertas condiciones”; o directamente desfavorable si las actuaciones vulneran los objetivos medioambientales de la estrategia marina correspondiente.

En el caso de que el informe del Miteco sea favorable con condiciones, el documento especificará qué aspectos habría que modificar para hacer la obra compatible con la estrategia. El Ministerio tendrá treinta días hábiles de plazo para pronunciarse desde el momento en el que la APV le presente el proyecto constructivo validado por Puertos del Estado, mientras que la vigencia del informe es de cuatro años. Si no se iniciase la obra dentro de ese plazo, la APV tendría que renovar esa autorización.

Hasta ahora, el Ministerio de Transición Ecológica, encabezado por Teresa Ribera, ha eludido pronunciarse sobre la ampliación del Puerto de Valencia, en concreto sobre si la ampliación norte requiere renovar la DIA que obtuvo en 2007 o si, por el contrario, puede ejecutar la última fase de la obra sin una nueva evaluación ambiental, ni siquiera simplificada, según Castellón Plaza.

Para ello, lo que hizo el Miteco fue dictar en marzo del año pasado una resolución con la que delegó en el propio Puerto de Valencia la competencia para solicitar una nueva DIA para su propia ampliación. Esa resolución que convierte a la APV en el órgano sustantivo fue recurrida por la Comissió Ciutat-Port ante la Audiencia Nacional, que decidió admitirla a trámite.