Trabajadores portuarios demandan a Estado de Costa Rica ¿Encontraste un error? Avísanos

Por Redacción PortalPortuario.cl

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El Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Sintrajap) de Costa Rica, ratificó que presentó una demanda, en conjunto con el Diputado José María Villalta, contra el Estado Nacional ante el Tribunal Contencioso Administrativo con solicitud de medida cautelar para detener “las acciones ejecutivas ilegales que impiden a Junta Portuaria, Japdeva, trabajar con normalidad y que causarían el quiebre de la institución”.

También, los demandantes piden la anulación del contrato con APM Terminals. “Es un contrato leonino y se dejaron llevar por la impunidad política”, sostienen hoy desde el sindicato en el marco de la conmemoración del 47 aniversario de su fundación.

La medida se presentó ante las eventuales irregularidades en las que incurrió el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, ante el comienzo de las operaciones el 1 de marzo de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) en la localidad de Limón, a unos 190 km de la capital de San José, por parte de la APM Terminals que pertenece al grupo Maersk.

Si bien, alegan los demandantes, el contrato por 33 años establece que la holandesa solo puede operar buques “Fully Cellular Conteiner”, cuya naturaleza es el transporte de contenedores cargados únicamente en celdas, APM Terminals absorbió todo tipo de barcos con carga del puerto estatal -ubicado a menos de 3 Km uno de otro- por orden y directriz de la autoridad Japdeva, que conduce Andrea Centeno Rodríguez. Así, los dos muelles de atraque privados, tomaron operaciones de los diez muelles de atraques estatales, quedando vacíos por un Lock Out técnico.

Por las denuncias y las presiones del Sintrajap – como de las navieras y las empresas dadoras de carga para la exportación e importación- y ante el colapso que esto generó en todo el sistema portuario en Limón, este miércoles Japdeva ordenó que el muelle estatal pueda tomar buques “en forma extraordinaria” únicamente hasta el 22 de abril.

“Estamos pidiendo la anulación del contrato de APM. Lo que hicieron ahora desde el gobierno fue reconocer oficialmente sus acciones al margen de la Ley, otorgando el monopolio de la carga portuaria a una empresa trasnacional, lo cual está prohibido por la Carta Magna del país. También viola la Ley de 1963 que le da funciones a Japdeva y que está por encima de las decisiones políticas del presidente. Todo ello es parte de la demanda judicial,”, argumentó el sindicalista Antonio Wells, Secretario General del Sintrajap.

El dirigente  adelantó que esta decisión de que el puerto estatal solo pueda operar hasta el 22 del corriente trae más incertidumbre a la comunidad del comercio internacional.

“Todos sabemos que las ventanas de atraque se programan con citas y son todas operaciones logísticas encadenadas, que va a pasar después, van a aplicar nuevas medidas arbitrarias que perjudican a la economía y reputación del país”, se preguntó el gremialista recordando que Costa Rica estaba en el puesto número 12 dentro de los 120 puertos de Latinoamérica por su eficiencia antes del ingreso de APM Terminals y que 1.200 portuarios corren el riesgo de perder sus empleos.

Wells destacó que no se oponen a las inversiones multinacionales, cerca de mil millones de dólares llevó construir la TCM.

“Ellos solo pueden operar los barcos Fully Celular pero por lo visto ahora certificamos el engaño y él gobierno mostró que el objetivo era darles el monopolio y aunque sea el poderoso grupo Maersk, todo colapsó”, indicó , para agregar las ganancias millonarias qué tendrá APM Terminals en su desembarco. “En tres décadas la empresa estima ganancias por 14 billones de dólares, algo obsceno producto del 92,5% estipulado en el pliego de concesión que APM se lleva del 100 % y el restante 7,5 % sería para el pais y rondaría los mil millones de dólares, algo absurdo, un pésimo negocio para país, un verdadero saqueo ”, criticó duramente Wells.

Cabe destacar que en este contexto globalizado el Sintrajap está afiliado a la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), presente en 154 países, con 756 sindicatos y 20 millones de miembros, quién salió a respaldar las acciones del sindicato.

“Recibimos el apoyo internacional lo cual es estratégico para nosotros, ya que apuntamos a que se conozca la verdad de lo que sucede en Costa Rica, y los políticos deben dar la cara por la entrega de nuestro patrimonio a la APM y a la Maersk ”, señaló Wells.

En la demanda presentada se adjuntaron los oficios DM-2019-0604 de 22 de febrero de 2019 y DM-2019-0700 de 1 de marzo de 2019, por el cual el Ministerio de Obras Publicas y Transporte (MOPT) pretende prohibir que Japdeva atienda cualquier tipo de embarcación que no sea “fully cellular container ship”, violentando la autonomía administrativa de la institución y el principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y los numerales 6 y 11 de la Ley General de la Administración Pública.

La decisión del Poder Ejecutivo y el caos en el muelle de APM (que ha presentado atrasos de hasta 36 horas) provocó la reacción de empresas que exigieron la intervención de Japdeva para agilizar la descarga de mercancía.

Mediante la demanda se pretende dejar sin efecto ambos oficios del MOPT, la toma de medidas cautelares urgentes para evitar el quiebre de Japdeva y exigir al Estado tomar las previsiones del caso para “garantizar el respeto a la autoridad administrativa de la institución para que pueda seguir operando”. También se exige indemnizarla por los daños y perjuicios por más de ocho millones de dólares producto de estos actos ilegales.

“Si lo que quiere el gobierno es cerrar Japdeva entonces que presenten el proyecto para hacerlo, pero que no lo hagan disimuladamente con acciones ejecutivas que asfixian la institución impidiéndole trabajar. Por años la derecha de este país se jactó de la eficiencia de la empresa privada y los enormes beneficios de APM Terminals pero ahora que la realidad les demuestra su equivocación, deciden matar la institución con acciones ejecutivas ilegales y eso no lo vamos a permitir”, afirmó el diputado Villalba, en referencia a la presentación conjunta realizada con el Sintrajap.