Papeleos y cobros por parte de la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) en el Puerto de Arica, afectarían al transporte pesado y a las empresas exportadoras e importadoras que operan en el lugar.

La queja fue expresada por el representante del transporte pesado internacional de Bolivia, Gustavo Rivadeneira al medio Página 7, de ese país.

“Ahora, la carga laboral para el manejo de contenedores ha disminuido y la información es más efectiva en Arica, pero ni así podemos encontrar una rapidez en la atención que hace la ASP-B, porque el papeleo que hace burocratiza el despacho de la carga boliviana”, manifestó a Página Siete 

El transportista sostuvo que los trámites deberían llevarse a cabo en un sistema informático que esté actualizado “y no como sucede ahora, que es obsoleto y que se cuelga. No tenemos más opción que presentar un trámite de forma manual”, reclamó.

Como ejemplo, Rivadeneira mencionó que la ASP-B no facilita la liberación de los trámites como la emisión del número de matriz, para proceder a la planificación logística cuando un buque llega a puerto con la mercadería, lo que ocasiona que el importador, aunque pague por el servicio y quiera retirar su cargamento, no pueda hacerlo de inmediato.

El representante del transporte pesado internacional señaló que pese a que la carga disminuyó en el Puerto de Arica –porque ahora una parte se interna por el Puerto de Ilo, en Perú, y otra por el Puerto de Iquique– no hay mejora en la atención que da la administración nacional.

Sobre las tarifas que cobra la administradora boliviana de puertos, un empresario dedicado a la importación y exportación, quien prefirió no ser identificado, afirmó que el trabajo que cumple en la actualidad la ASP-B es sólo de “cobrador”.

Los cobros que hace la ASP-B

La empresa que administra el Puerto de Arica cobra 31,24 dólares a la ASP-B por cargar o descargar un contenedor de 20 pies. Pero la administradora boliviana, por ese mismo cargamento, cobra a los empresarios bolivianos 119,92 dólares.

Para la carga o descarga de un contenedor de 40 pies, la concesionaria chilena que administra Arica cobra 32,54 dólares, pero la ASP-B entrega el contenedor por 146,17 dólares. En ambos casos el cobro al cliente es inmediato, pero el pago que hace la oficina nacional al puerto chileno puede demorar hasta dos meses.

“La ASP-B es una traba para el comercio exterior boliviano porque coloca barreras, es un intermediario autoritario de la carga y hace que los costos de importación sean más altos”, manifestó el empresario consultado.

Otro mencionó Rivadeneira que “se tiene que desburocratizar la ASP-B, entidad que debería tener personal con vocación de servicio, tarifas que justifiquen su presencia en Arica y menor rotación de personal porque perjudica el desempeño de la institución”.

La ASP-B es el agente aduanero acreditado por el Gobierno en los puertos de Arica y Antofagasta, en Chile, para el tránsito de mercadería de y hacia Bolivia.

En Perú está acreditado en Ilo y Matarani. En el primer caso, en marzo, el dirigente de los operadores portuarios, Florentino Soto, declaró que su sector estaba molesto por el daño que causa la ASP-B sobre el encarecimiento de la carga boliviana que debía llegar a Ilo, pues les restaba competividad frente a Matarani.