Los máximos dirigentes de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile y de la Confederación Marítima de Chile, Sergio Baeza y Roberto Rojas concurrieron hasta las dependencias de la Contraloría General de la República para denunciar al Intendente de la Región de Valparaíso, Ricardo Bravo. Esto se fundamentaría en el rol que jugó para resolver el conflicto derivado de las inspecciones de SAG y Aduanas, también conocidas como “cargas limpias”, que llevaron a los camioneros a paralizar durante 48 horas a mediados de octubre del año pasado.
El documento, de 13 páginas al que tuvo acceso Portalportuario.cl, “impugna” el actuar de la primera autoridad regional y pide al contralor, Ramiro Mendoza, que se pronuncie respecto de lo que los portuarios consideran “insalvables ilegalidades”.
Los estibadores acusan a Bravo de “imponer a particulares, al margen de la ley y sin contar con facultades para ello el denominado ‘servicio de cargas limpias’ en la importación de mercaderías por el Puerto de Valparaíso, transgrediendo los arts. 6º, 7º, 19 Nº 22 y 112 de la Constitución Política del Estado; arts. 2 y 24 de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto fue fijado por el D.F.L. Nº 1, de 8.08.2005, y otras disposiciones legales que se detallarán, lo que suponen la invalidez de lo ejecutado por esta Autoridad Regional”.
En el texto, los portuarios explican al contralor Mendoza “actuando bajo presión del gremio de transportistas, y con el respaldo de la Empresa Portuaria de Valparaíso, de la cual el Sr. Intendente es ex – funcionario, esta Autoridad inició una serie de acciones que calificamos de ilegales – porque escapan a sus facultades – para imponer el denominado ‘sistema de cargas limpias’, que supone que el transportista reciba los contenedores o mercaderías en los recintos extra – portuarios de ZEAL, una vez aforados por Aduanas y el SAG”. 
“Lo anterior significa un costo adicional, el valor del “flete corto”, que es el traslado de contenedores desde los recintos portuarios hasta las dependencias de ZEAL (11 kms.), y el almacenamiento y manipulación de la mercadería en dichas dependencias. El Sr. Intendente, mediante los actos que impugnamos en esta presentación, está creando una nueva etapa en la movilización de mercaderías, lo que implica un costo adicional para el consignatario de USd 180 (ciento ochenta dólares) por contenedor, en relación al aforo en recintos portuarios”, agrega el escrito.
En esa línea, los dirigentes hacen ver que en Valparaíso se aforan unos 15 mil contenedores mensuales se traduciría en un costo extra de 2 mil 700 millones de dólares para el cliente o consignatario a favor de la ZEAL.
Asimismo, Baeza y Rojas acusan que debido al sistema impulsado por el Intendente se genera un daño a la labor portuaria, ya que la tarea del aforo quedaría en manos de trabajadores que -para ellos- no son considerados portuarios. Dicha situación se traduciría en la pérdida de 3 mil turnos-noche al mes, por aforo extra portuario de Aduanas y SAG, dejando sin trabajo a unas 150 personas.
Los portuarios hacen presente que el aforo del SAG ya se trasladó a la ZEAL, “pese a que no existe inconveniente en hacer el aforo en los recintos portuarios de Valparaíso, ya que TPS habilitó un recinto para tal efecto, y está llano a cumplir todas las exigencias de Aduanas y del SAG”.
“Aduanas tiene cuatro funcionarios para aforar, quienes trabajan en horario limitado. El problema no está en espacios, ni en los trabajadores portuarios, lo que hay que ponderar y corregir es la ineficiencia de los servicios públicos, y eso no se logra con las actuaciones ilegales del Sr. Intendente”, añaden los representantes de la Cotraporchi y la Comach.
