Dirigentes de la Coordinadora Marítima Portuaria de Valparaíso, declararon en el Cuartel San Francisco de la Policía de Investiagiones (PDI) luego de que la Empresa Portuaria de Valparaíso denunciara a los trabajadores por los daños ocasionados en los exteriores e interiores de su edificio corporativo durante la última movilización, ocurrida en marzo de este año.
Tras la diligencia, encabezada por el comisario Ítalo Jaramillo, los dirigentes en sus declaraciones aseguraron que lo sucedido fue un “autoatentado” de la misma EPV.
“Un dirigente fue a entregar una carta al gerente general media hora antes de la movilización y éste no fue recibido. Por tanto, nosotros decidimos marchar hasta sus oficinas con cerca de 400 trabajadores que se encontraban molestos ante el rechazo del gerente Davagnino y por su falta de solución al tema de las cargas limpias, (inspección fitozoosanitarias) por lo que ellos mismos se auto atentaron al no recibirnos y ahora interponen contra nosotros una querella criminal. Los ejecutivos de la empresa están actuando muy mal”, afirmó Sergio Baeza, vocero de la Coordinadora Marítima Portuaria.
Baeza agregó que “nosotros llevamos ocho meses esperando una respuesta por parte del presidente y del gerente general de EPV en lo que concierne a este tema, estamos cansados de esperar. El señor Davagnino dice que se debe impulsar la competitividad del puerto pero con el tema de las cargas limpias hace todo lo contrario. En todos los puertos del país el aforo se realiza en los recintos portuarios pero en Valparaíso se insiste en hacerlo en una zona especial, lo cual aumenta los costos y nos hace perder competitividad afectando el trabajo de nuestros asociados”.
A la vez, Baeza insistió en que algunos ejecutivos de la estatal portuaria habrían realizado actividades comerciales incompatibles que los vincularían a actividades relacionadas con el rubro marítimo-portuario al mismo tiempo que efectuaban sus funciones en la estatal portuaria.
Los dirigentes declararon que defenderán los aforos en el puerto y que solicitarán al Ministerio de Transporte y al Sistema de Empresas Públicas SEP, que investigue las responsabilidades en los vínculos societarios de los ejecutivos.
