Por Luis Alberto Zanela, Grupo T21

@BetoZanela

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que buscará revocar la concesión de la empresa paraestatal Administración Portuaria Integral (API) Veracruz al considerar excesivo el vencimiento de esta concesión hasta 2094. Sin embargo, durante su gobierno también fue modificada la concesión de la paraestatal API Dos Bocas para poder llevar a cabo la construcción de la refinería en dicho puerto, uno de sus proyectos emblemáticos; incluso creó una paraestatal para otro de sus proyectos insignia.

Apenas en febrero de 2020 se concretó una modificación al título de concesión otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en favor de la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V., para usar, aprovechar y explotar bienes del dominio público de la Federación, y de las obras e instalaciones propiedad del Gobierno Federal, así como para la construcción, mantenimiento y operación de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias y la prestación de los servicios portuarios y conexos en el recinto portuario de Dos Bocas, Tabasco.

Aunque la modificación no fue en extensión del plazo de vencimiento de la concesión, estipulado en este caso para 2049, al haberse otorgado inicialmente por 50 años como el resto de las API federales, 14 a cargo de la SCT y 2 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sí se apropia de zona marítima y terrestre que se considera necesaria para llevar a cabo la construcción de la refinería.

De acuerdo con la modificación del título de concesión, la propia API Dos Bocas fue la que solicitó a la SCT “la renuncia de manera formal” a la superficie de 1’024,118.621 hectáreas de zona federal marítima concesionadas a la API, en virtud que no presentaba ningún uso y representaba un incremento en sus gastos de operación y administración, “aunado a que en la misma se instalarán y operarán plataformas de perforación y explotación de yacimientos petroleros de las empresas ganadoras de las licitaciones realizadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos”.

Asimismo, la concesionaria solicitó a la SCT la exclusión de su concesión integral la superficie de 71.154 hectáreas que componen los polígonos RP-02 y RP-03 del plano del recinto portuario de Dos Bocas “por ser necesarios para la construcción de la Refinería de Dos Bocas”, señala el documento rubricado por el ahora ex titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú.

Doble discurso

Independientemente de que el presidente por una parte critique la concesión de API Veracruz otorgada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ampliada en el de Enrique Peña Nieto; a su vez su gobierno modificó el título de concesión de API Dos Bocas para construir la refinería e incluso ha ocupado la figura de una paraestatal para otro de sus proyectos insignia, lo cual constituye un doble discurso de acuerdo con especialistas consultados por T21.

“La API Veracruz está catalogada como empresa de participación estatal mayoritaria y el presidente dice que es privada, pero este gobierno constituyó una empresa de participación estatal mayoritaria que se llama Fonatur Tren Maya S.A. de C.V.; entonces, no es ajeno para este régimen cómo operan esas entidades paraestatales. Evidentemente, tanto el de Dos Bocas como el de Fonatur Tren Maya están contemplados en la Ley de Entidades Paraestatales y este régimen las conoce y sabe que no son privadas, hay un doble discurso”, sostuvo Luis Rodríguez Alemán.

En entrevista con T21 el abogado enfatizó que “este doble discurso” genera incertidumbre en los inversionistas, puesto que no es posible que por un lado el presidente asegure que “APIVER es una empresa privada y que se privatizó el puerto y, al mismo tiempo su régimen constituye una S.A. de C.V. para el proyecto específico del Tren Maya, pero ahí no es un proyecto privatizado”.

“Ese tipo de acciones, que se definen como arbitrarias, lo que están provocando es que los inversionistas tengan la impresión de que no existe la seguridad jurídica en el país. La Suprema Corte ha definido dentro del concepto amplio de seguridad jurídica, un concepto puntual que se define como la confianza legítima, y eso no es otra cosa que saber a qué atenerse frente al actuar del gobierno. Un gobierno que no respeta sus propias leyes y concesiones, es un gobierno que atenta en contra de esa confianza legítima”, aseveró Rodríguez Alemán.

En este tema coincidió Bernardo Melo, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Derecho Marítimo, al comentar que, aunque todavía se desconocen los alcances de lo dicho por el presidente respecto de la revocación de la concesión de API Veracruz o APIVER, sí afecta en la confianza de los inversionistas.

“Es un hecho innegable que cualquier declaración de este presidente o cualquier otro en el mundo… Por ejemplo, cada que sale Trump a decir alguna cosa, mueve mercados, inversiones, muchas cosas. Igual, cada que Andrés Manuel sale como presidente a decir algo, automáticamente mueve inversionistas, medios y da mensajes. La comunicación de esos mensajes la interpretan los inversores, sí van a tener una lectura; si el mensaje es negativo tendrán una lectura negativa los mercados y las inversiones; si el mensaje es positivo, tendrán un mensaje positivo y en medida de eso se darán las reacciones”, indicó Melo.

Cambios naturales

Cuando existen proyectos de infraestructura en puerta, es cuando se recurre a los cambios o addendums en los títulos de las concesiones, como en este caso la de API Dos Bocas para la refinería y previamente la mencionada por López Obrador, en API Veracruz, donde el periodo de las cesiones parciales de derechos otorgadas a cinco nuevas terminales portuarias en la zona de ampliación del puerto, no podían rebasar en tiempos al periodo de concesión de la API y por ello se recurrió a su prórroga hasta 2094 para que el Estado conservara la rectoría del puerto.

“Lo que pretenden esos addendums es brindar certeza jurídica y van relacionados cuando hay un proyecto de gran calado. Puntualmente en Veracruz desde hace algunos años se anunció la ampliación del puerto y este addendum obedece a eso, a brindar certeza jurídica a todos los actores económicos relacionados con estas inversiones, porque al final el Estado mexicano no puede absorber los gastos de ese proyecto en forma autónoma. Mediante la concesión es que se permite que esas inversiones sean viables”, enfatizó Luis Rodríguez Alemán.

Aunado a esto, detalló que esa es la propia naturaleza de la Ley de Puertos que, desde su concepción, “lo que pretendía era eso, que en el manejo de la operación de las actividades relacionadas con los servicios portuarios se brindara certeza jurídica a quienes operan los puertos mediante concesiones largas, esto con la finalidad de generar reglas claras. La Ley de Puertos señala puntualmente que la concesión se puede otorgar por un plazo de 50 años y se puede prorrogar hasta por un plazo igual, entonces esa prórroga de la concesión es totalmente legal y apegada a derecho”, aseguró.

Incluso, dijo, la revocación de la concesión de la API Veracruz posiblemente no sea viable, pues no obedece a ningún criterio objetivo.

“Todo acto de autoridad debe de encontrarse debidamente fundado y motivado. Para que puedas hacer un acto administrativo de revocar una concesión debe haber una debida fundamentación y motivación, si el argumento del presidente es que se privatizó el puerto y todos sabemos que no es así, la motivación es deficiente y ante eso ese acto administrativo no debería ser viable legalmente”, abundó Rodríguez Alemán.

En el caso de la última modificación al título de concesión de API Dos Bocas en el gobierno de López Obrador, para la construcción de la refinería, Bernardo Melo coincidió en que también es legal y un acto natural cuando existe el desarrollo de este proyecto de infraestructura.

“Es muy común por la estructura del puerto. El puerto, el polígono que define al puerto, lo da el presidente, entonces si tú quieres ampliar el rango del puerto, el tamaño del puerto para incluir una zona y que pueda prestar los servicios públicos, lo tiene que hacer el presidente. Él amplía el puerto y la API modifica la concesión para incluir esto (…) a final de cuentas es gobierno, no hay una mano privada escondida en ese tema, es el gobierno federal el que explota bienes y servicios públicos”, acotó Melo.

La revisión

Por segundo día consecutivo, el presidente López Obrador arremetió en su conferencia matutina desde Querétaro en contra de la concesión de API Veracruz y volvió a comentar que es una concesión a particulares.

“Es interesante que se sepa cómo simularon las privatizaciones, haciéndonos creer que la nación seguía teniendo el dominio de los bienes, ya sea de recursos naturales como el petróleo… El otro caso, los ferrocarriles; pues claro que son medios de comunicación cuyo dominio tiene que ver con la nación y con el Estado mexicano, pero existe una concesión, estas se entregaron en el gobierno de Ernesto Zedillo por 30, 40 años; entonces ya la función pública se cede ante el interés privado, la administración privada, el negocio privado. Pues es lo mismo de las famosas API”, dijo.

Incluso López Obrador volvió a decir que se iba a revisar el contrato, porque, aseguró, “tampoco se puede decir que durante todo este tiempo ha mejorado mucho el puerto de Veracruz”.

“Si hablamos en términos de volumen de carga no es así, son otras circunstancias desde luego, porque ahora el tráfico comercial en el Pacífico es más que en el Atlántico, pero en manejo de contenedores, tanto Manzanillo como Lázaro Cárdenas tienen ya más manejo que Veracruz y no olvidar que el puerto de Veracruz fue el principal puerto de México por siglos, bueno, ahí se creó el primer gobierno municipal cuando la Conquista. Por eso se va a revisar, esto es para los técnicos”, dijo.