El conflicto que atraviesan los puertos exportadores de Argentina se agravó, luego de que los gremios de aceiteros y recibidores de granos decidieran continuar con la medida de fuerza durante la jornada de este domingo.

“Es urgente que recapaciten y reconozcan la labor de los miles de trabajadores que ven como su salario se erosiona día a día, cuando el aumento paritario lleva más de 5 meses de atraso”, manifestaron los integrantes de la Unión Recibidores de Granos (Urgara), la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (Soea).

Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), Gustavo Idígoras, llamó a la “paz social” y pidió que el lunes a primera hora se conforme una mesa de negociación “para llegar a un acuerdo razonable”, consignó Infobae.

Además, Idígoras precisó que la situación está generando complicaciones en las exportaciones y el traslado de la cosecha de trigo desde los campos, donde en esta época del año el cereal es el único generador de divisas.

Según la industria, las demandas gremiales son incumplibles, ya que no existe espacio para un bono anual con un aumento del 175% en ninguna actividad económica.

“En estos momentos nosotros estamos embarcando trigo para exportar a Indonesia, que es un mercado en el que competimos con Australia. Ahora, cuando fallan diez barcos argentinos, los indonesios se dan vuelta y le compran a los australianos. Es por eso que será muy importante retomar el flujo de operaciones de exportaciones”, dijo el presidente de la Ciara.

Idígoras recordó que hasta el momento el paro alcanza a 22 puertos, hay más de 18 buques sin poder cargar mercadería y, entre el miércoles y el viernes, cayó el ingreso de camiones a las terminales portuarias.

Además, mediante un comunicado, entidades que representan a la cadena agroindustrial manifestaron su preocupación por la continuidad de la medida de fuerza y reclamaron una solución del conflicto, ya que consideran que el mismo está afectando, entre otras cosas, al ingreso de divisas por las exportaciones, en tiempos donde la economía nacional tanto necesita del aporte del comercio exterior.

El conflicto, que tiene como epicentro a los puertos exportadores, ya fue planteado a funcionarios nacionales. El presidente de Ciara, al término de la reunión del último miércoles entre los integrantes del equipo económico y el Consejo Agroindustrial Argentino, dialogó sobre el tema con los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. También hubo contactos con el titular de la cartera laboral y de Agricultura.

Según cálculos de los exportadores de granos que operan en las plantas y puertos comerciales, la pérdida general por la paralización del movimiento de camiones, la veda del ingreso a los silos y plantas y la inmovilización de la operatoria de carga de los buques con granos sería de unos 100 millones de dólares diarios.

Las únicas terminales portuarias que están funcionando normalmente son las que corresponden a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y al Sitio 0 de Quequén. Por haber alcanzado un acuerdo paritario con los trabajadores, hay actividad en las plantas de San Lorenzo, Timbúes y Quequén.

A su vez, el titular de Ciara recordó que la entidad otorgó al inicio del presente año un aumento salarial del 35%, con el compromiso que a los seis meses se ajustaría el sueldo en el caso que sea superado por la inflación. Como eso finalmente no sucedió, se retomaron las negociaciones en septiembre pasado.

“En esa nueva negociación los gremios plantearon que más allá de la inflación real que había, querían un aumento por encima del 45%, porque consideraban que el Indec no era el parámetro real. También hubo un reclamo de un bono especial por el coronavirus, que en relación al bono que otorgamos todos los años como industria significaba un 175% más al del año pasado”, señaló Idígoras.

“La propuesta que hemos realizado fue que sigamos la inflación, paguemos las mejoras salariales para que ningún trabajador y trabajadora pierda el nivel adquisitivo en Santa Fe, Buenos Aires y donde estén todos los puertos y que busquemos un bono acorde a la situación que tenemos”, agregó el representante gremial.

Además, Idígoras comentó que en 2019 “la inflación fue entre el 44% y 45% y nosotros terminamos en el 47% de aumento salarial. El bono promedio fue de alrededor de 50.000 pesos -argentinos-; sobre ese valor los gremios quieren el aumento salarial del año, que contemple la inflación, que lo llevaría a 69.000 pesos y sumarle unos 80 mil pesos adicionales”.

En los últimos días y mediante un comunicado, desde la industria aceitera manifestaron sobre el reclamo salarial de los gremios, señalando que “las demandas gremiales son incumplibles, no tienen forma de ser atendidas. Del reclamo de un bono anual con un aumento del 175% no existe registro alguno de un pedido similar en ninguna actividad económica en la historia del país. Si la demanda fuese atendida, implicaría que la industria debería endeudarse en más de mil millones de pesos para pagar el estrafalario bono”.

En medio de una situación de conflicto que escala con el correr de las horas, entidades de la cadena agroindustrial emitieron un comunicado donde piden una solución del mismo.

“Exhortamos a las partes involucradas a que extremen los esfuerzos tendientes a terminar con la situación conflictiva, manteniendo la paz social, permitiendo de tal forma el normal desenvolvimiento de la actividad agroindustrial, todo lo cual redundará en un mejor beneficio para todos los trabajadores y operadores del sector agroalimentario y de nuestra Nación en general”, señalaron en un comunicado.

Otra de las entidades que se pronunció sobre el conflicto fue la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC). En un documento, sostuvieron que “las acciones gremiales conspiran con la imperiosa necesidad del país en estos momentos por maximizar exportaciones y generar divisas. Además, violentan la libertad ajena al impedir el ingreso de personal fuera de convenio y de seguridad, en un claro exceso sobre el derecho constitucional de huelga”.

Los ofrecimientos salariales que se realizaron “fueron en consonancia con la inflación, para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, incluso con premios de fin de año muy superiores a la media, que fueron rechazados sistemáticamente aduciendo que no se ajustaban a la realidad”, puntualizó la CPPC en su documento.