La Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport) entregó al Ministerio de Defensa una propuesta con la finalidad de avanzar hacia un nuevo marco normativo que sustente el desarrollo del uso portuario del borde costero.
El objetivo es contar con criterios coherentes entre el nivel nacional y regional, y que la aplicación de la norma abarque tanto a la gestión del borde costero que realiza el Ministerio de Defensa, como las expansiones portuarias hechas al alero de la Ley 19.542.
Según la Camport, su propuesta surge debido a que “luego de 20 años de funcionamiento de la institucionalidad creada para resguardar el uso estratégico del borde costero, a través del DS 475 que estableció la Política Nacional de Uso de Borde Costero, se ha visto que dicho marco ha resultado insuficiente para atender los diversos requerimientos que coexisten en esta materia”.
A jucio del gremio, “diversos antecedentes muestran falencias de la actual institucionalidad, como concesiones marítimas otorgadas sin uso, la ausencia de una planificación que oriente el aprovechamiento óptimo de bahías con alta aptitud portuaria, la demora en los trámites asociados a las concesiones marítimas vigentes, los efectos de la ley Lafkenche y la desvinculación de las zonificaciones regionales de borde costero con las prioridades nacionales, entre otros. Así, tanto el DFL 340 de 1960, que regula las Concesiones Marítimas, como la Ley 19.542 de 1997, que establece la institucionalidad de la modernización portuaria, adolecen de limitaciones para abordar adecuadamente estas situaciones”.
La Camport propone; en definitva, que cualquier evaluación y reformulación de la política nacional debe considerar el rol planificador del Estado para asegurar un uso eficiente y estratégico del borde costero, incorporar en la entrega las concesiones marítimas y portuarias una evaluación de eficiencia, competitividad y estrategia nacional y reservar áreas de borde costero necesarias para el crecimiento portuario.
Junto con esto, el organismo plantea profundizar la participación del sector privado en las concesiones de los puertos estatales e inversiones en puertos privados.
De igual modo, el gremio sostiene que toda expansión de actividades portuarias, ya sea en puertos públicos o privados, debe ser transparente, no discriminatoria y ajustada a la institucionalidad; resguardar que las instancias regionales de zonificación tengan representaciones equilibradas de los sectores con interés en acceder al borde costero; reconocer que la población demanda estándares medio ambientales más elevados.
