La Unión Portuaria de Chile informó, tras su Congreso Nacional realizado en Ventanas, que se declara en “estado de alerta” por el conflicto de casi 40 días que se registra en la Región de Atacama a causa de un bono que los trabajadores públicos demandan al Gobierno debido al costo de vida en la zona.
“Consideramos que es nuestro deber, en atención a que el sentir de Atacama es el sentir de las regiones donde se encuentran nuestros hogares y fuente laboral y donde vivimos en carne propia el menosprecio que el centralismo santiaguino tiene con nosotros. Es por ello que solidarizamos con esta movilización, porque en el fondo es una asonada por la exclusión que vivimos día a día”, indicaron los portuarios mediante una declaración de siete puntos donde se exige al Gobierno de Michelle Bachelet respetar el Protocolo de Acurdo firmado en septiembre de 2014.
“Respaldamos y hacemos nuestro el paro regional iniciado el pasado 1 de Marzo pasado. Vemos con orgullo como la clase trabajadora atacameña a punta de cortes de ruta, marchas masivas, cacerolazos, manifestaciones artísticas y tantas otras expresiones, ha conmovido a un país que ve como las regiones, una vez más, se levantan”, agregaron los trabajadores en uno de los pasajes de su declaración.
Asimismo acusan al Gobierno de tener una “política de oídos sordos” y de haber intentado poner a la comunidad en contra de los trabajadores públicos al reducir el conflicto a demandas monetarias, sin mencionar otras que tienen relación con salud, vivienda, medio ambiente, entre otras.
“Los trabajadores portuarios nos declaramos en estado de alerta. Pensamos que esta paralización regional además de pelear por el respeto y cumplimiento del Protocolo de Acuerdo del año 2014, pone en evidencia la necesidad de avanzar en la consolidación de los derechos laborales de los trabajadores públicos. No olvidemos que nuestra legislación no les garantiza ni el derecho a negociación colectiva ni el derecho a huelga, en similitud preocupante con la de los trabajadores portuarios eventuales. Esta falta de cobertura legal es suplida por los trabajadores con los métodos de acción directa, que son más legítimos que cualquier legislación que ampare el abuso de poder y la desigualdad negociadora. No hay más caminos”, afirmaron.
“La Unión Portuaria de Chile está observante al desarrollo de los hechos. Acusamos recibo de que el gobierno ingresó al parlamento un proyecto de ley para solucionar el conflicto pero que lo hizo de espalda a los trabajadores y, como decíamos antes, reduciendo la demanda a un pago menoscabado del bono. Por lo anterior, en solidaridad con la lucha de los funcionarios públicos, ponemos nuestras fuerzas a disposición para ayudar a destrabar este conflicto y poner a la orden del día la necesidad de un Chile donde la prioridad sean los trabajadores y las comunidades”, concluyó el organismo sindical.
