Por Andrés Orrego Siebert
@PortalPortuario
El dirigente portuario, Gabriel Rebolledo, vocero del comunal Talcahuano-San Vicente de la Unión Portuaria de Chile, pidió que las empresas portuarias del sistema público concesionado dejen de ser “solo cobradoras de arriendo” y tomen un rol más activo como autoridades del sector. En ese contexto, el personero también apuntó a que el país debe contar con una entidad única y central que cautele por el desarrollo y modernización de la logística, los puertos y el comercio exterior del país.
Los dichos del dirigente de la estiba guardan relación con la situación regulatoria desmejorada que tiene el concesionario San Vicente Terminal Internacional (SVTI) frente a sus competidores Puerto Coronel y DP World Lirquén. En este caso, el primero atiende a los criterios, obligaciones y restricciones establecidas en su contrato de concesión basado en la Ley 19.542, mientras que los otros dos actúan de acuerdo al Decreto Fuerza Ley 340 de 1960 que es el que fija las reglas para el otorgamiento de concesiones marítimas.
“Nosotros del 2018 que venimos viendo este tema. Lo expusimos en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, después en la Comisión Investigadora de la Ley de Puertos, hubo un proyecto de acuerdo de esa comisión con respaldo de toda la Cámara de lo que se debía hacer respecto de la situación portuaria nacional y no ocurrió absolutamente nada, luego llegó el Covid que acrecentó la crisis, donde el Estado -a través de la Empresa Portuaria- es un mero espectador y eso ya no merece más análisis, porque estamos en una situación crítica que puede afectar nuestros puestos de trabajo y, por ende, ya no tenemos tiempo para que la empresa portuaria (Talcahuano San Vicente) actúe o tome el rol protagónico que le corresponde”, explicó Rebolledo.
“Lo más relevante es que cuando se licitó el puerto, Puerto Coronel no existía y Penco-Lirquén era un puerto granelero. La crisis partió con la integración vertical de las navieras, con buques que son más grande y la ley está desactualizada y eso es lo que estamos solicitando hace rato. Queremos una revisión de la normativa y, en particular en Talcahuano-San Vicente, una revisión del contrato de arriendo. Acá lo que sucede es que son puertos (Coronel y DP World Lirquén) que están con otra norma, pues nosotros estamos con la 19.542 y ellos con un Decreto Fuerza de Ley que es totalmente distinto y, por lo mismo, la integración vertical u horizonal no está prohibida como la teníamos nosotros hasta hace un tiempo”, añadió.
Autoridad Nacional Portuaria
Frente a esta asimetría regulatoria, Rebolledo planteó que Chile requiere una Autoridad Nacional Portuaria como la que tiene el Perú.
“A esta altura necesitamos una Autoridad Nacional Portuaria que se encargue de velar por el desarrollo logístico nacional, porque eso hoy día no existe. Cada empresa portuaria que se creó a nivel nacional desde lo que era la Emporchi vela por sus intereses particulares y eso nos tiene bastante complicado, porque cada empresa portuaria (del Estado) se transformó en un arrendador que lo único que quiere es que le entre dinero sin preocuparse de la estrategia portuaria y esto lo vemos en varios puertos. Por ejemplo, hay uno que tiene un mall dentro de la instalación portuaria, lo que es totalmente absurdo, en otro en el sur hay un frigorífico y siguen saliendo fallidas las licitaciones y, por eso, hay que actuar”, ahondó.
“Creemos que hay mucho desconocimiento por parte de las autoridades portuarias respecto del tema portuario y, por eso, se conjuga esto de que es más fácil estar cobrando el arriendo que preocupados del desarrollo. Nosotros apuntamos a que llegó el momento de cambiarlo y esperamos que con esta nueva administración de Gobierno se de un giro al desarrollo logístico nacional, aunque -hasta ahora- no hemos visto señales claras”, enfatizó.
Según Rebolledo San Vicente es, dada la situación de competencia del Bio Bio, el más afectado por estas asimetrías regulatorias y la falta de políticas públicas respecto de los puertos. Sin embargo, admitió que esta realidad se repite en todas las regiones y zonas portuarias del país.
El dirigente acusó que -frente a esta realidad- han pedido reuniones con el nuevo directorio de la Empresa Portuaria Talcahuano-San Vicente, pero que no han tenido respuesta. Pese a lo anterior, ya lograron establecer diálogo con el Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.
“Lo que se está pidiendo es que se pueda hacer una autoridad nacional portuaria, que se homologue a una sola ley y que los trabajadores estemos presentes en estos hitos para que asegurarnos que esto ocurra y que las autoridades que rijan al sector sea gente que conozca los puertos desde dentro, que sepan como funcionan y que no los conozcan desde una playa que es lo que hemos visto en los últimos tiempos”, enfatizó.
“Hace diez años atrás, se miraba a Perú y se decía que nunca iban a avanzar y ellos tienen una Autoridad Nacional Portuaria que ha provocado el avance sistemático respecto a Chile y; por eso, vemos con preocupación que Chile termine siendo un país de cabotaje”, cerró.
