Los países miembros de la Unión Europea (UE) aprobaron nuevas reglas para aumentar la transparencia financiera de los puertos marítimos y crear unas condiciones justas para el acceso a los servicios.
La reforma hará las tarifas de servicios portuarios y de infraestructuras más transparente y también la relación financiera entre el Estado, los puertos y los operadores de servicios, informó agencia EFE.
Asimismo, la mayor transparencia contribuirá a un mejor uso de fondos públicos y la aplicación efectiva y justa de las reglas de competencia en los puertos de la UE, indica el Consejo.
Características
La regulación pretende crear un “campo de juego equilibrado” y reducir incertidumbres jurídicas al fijar un marco que establece claras condiciones para el acceso a servicios portuarios.
Para tener en cuenta la diversidad en el sector europeo y las circunstancias particulares de los Estados miembros, los países y gestores de puertos marítimos pueden imponer ciertos requisitos mínimos para la provisión de servicios y restringir el número de proveedores en un número limitado de casos.
Los requisitos mínimos pueden referirse al cumplimiento de la legislación social y laboral en el país miembro del puerto afectado, por ejemplo.
Las posibilidades de limitar el número de proveedores de servicios incluyen, por ejemplo, la seguridad y la sostenibilidad medioambiental.
El reglamento se aplicará a los más de 300 puertos marítimos registrados en la red transeuropea de transporte, pero los países miembros pueden aplicar las normas también a otros puertos.
A fin de evitar cargas administrativas desproporcionados, los países pueden dejar fuera puertos en las regiones ultraperiféricas como la Réunion, Madeira o las islas Canarias.
También pueden decidir no aplicar las reglas sobre la separación de cuentas a puertos pequeños bajo ciertas condiciones.
El transporte de mercancía y los servicios de transporte de pasajeros tendrán que aplicar las reglas de transparencia financiera, pero estarán exentos de las provisiones de acceso.
Los Estados miembros pueden decidir libremente cómo organizar estos servicios, en cumplimiento de la legislación dictada por el Tribunal de Justicia de la UE.
