“El crecimiento del comercio exterior boliviano es también nuestro propio crecimiento y no hemos tomado ninguna decisión que afecte la competitividad de nuestros clientes, que sería atentar contra nuestros propios intereses”. Con esa frase, Diego Bulnes, gerente general de Terminal Puerto Arica, rechazó las reiteradas acusaciones de autoridades bolivianas respecto de supuestas trabas y aumentos tarifarios “unilaterales” a su comercio exterior.

“Comparativamente, nuestras tarifas con Bolivia para los principales servicios de importación son indiscutiblemente más convenientes que el resto de los puertos de la Macro Zona Andina”, enfatizó el ejecutivo en una entrevista al diario boliviano Página 7.

En conversación con el medio altiplánico, Bulnes puso en relieve que los sobrecostos no provienen de la operación misma de TPA, sino que son aplicados por la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia que infla los valores hasta seis veces.

“Sin embargo, lamentamos que lo competitivo de nuestras tarifas no llegue al cliente, dado el excesivo recargo que aplica la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B). Por su labor, esta entidad recarga hasta seis veces las tarifas competitivas que ofrecemos como operador portuario. Por dar un ejemplo específico, en 2015 TPA despachó a Bolivia cerca de 23.300 contenedores de 40 pies. Por este servicio TPA cobró a la ASP-B una tarifa de 31.17 dólares por cada contenedor, pero ASP-B a su vez cobró a los importadores bolivianos 146.17 dólares por cada contenedor”, indicó.

“Es importante recalcar que cualquier importador boliviano podría cotizar directamente a TPA, como sucedía en el pasado, y recibir los beneficios tarifarios que el Puerto de Arica ofrece a Bolivia, pero lamentablemente la posición de ASP-B lo impide”, recalcó.

A su vez, en la entrevista justificó el reajuste tarifario en el puerto que, en promedio, alcanzó el 10,7%.

“Como cualquier empresa debemos reajustar nuestras tarifas dado el aumento en el costo de nuestros factores productivos. Por lo demás, esta alza se produce luego de casi tres años en que no cambiamos las tarifas y al reajustarlas ahora buscamos un equilibrio que permita continuar con las inversiones y el crecimiento del puerto y al mismo tiempo seguir siendo competitivos en el mercado”, dijo.

“Si consideramos el reajuste por cada servicio, el promedio simple da un alza de 10,7%. Sin embargo, en los servicios que más nos contrata Bolivia y que representan más del 70% de las operaciones que entregamos al país vecino, las tarifas se han reajustado sólo un 4,4%”, profundizó.

En esa misma línea, Bulnes descartó que dicho aumento sea una traba al libre tránsito como han planteado desde Bolivia algunas autoridades locales. 

“Me gustaría reiterarle que el reajuste que nosotros aplicamos está en línea con el aumento del costo de los factores productivos, entre otras cosas, incidido por el aumento de la inflación y el alza salarial en Chile. Lo anterior se ajusta plenamente a nuestro contrato de concesión y a nuestro espíritu de mantener un servicio eficiente, cercano al cliente y con tarifas altamente competitivas”, señaló.

“Durante nuestros 12 años de concesión hemos mantenido una apertura al diálogo, lo que ha permitido el desarrollo del comercio exterior boliviano. Reiteramos que habiendo transcurrido tres años desde el vencimiento de las tarifas, aplicamos un reajuste que recoge el que propuso ASP-B en las conversaciones sostenidas con el Puerto de Arica después del vencimiento de ellas en 2013”, agregó.

Sobre la mora que mantiene la ASP-B, Bulnes sostuvo que “a la fecha, la deuda vigente asciende a 700 mil dólares en facturas que se emitieron con las tarifas existentes hasta antes de reajustarlas. Pero hay que considerar que en el último tiempo hemos experimentado retrasos significativos en el pago de facturas de los servicios prestados. Los saldos históricos promedio de deudas vencidas sobre los 50 días han oscilado entre 500 mil dólares y 1 millón de dólares”.

“ASP-B cuenta con la facilidad de pagarnos en plazos o a crédito, beneficio que ellos no traspasan a los clientes bolivianos, quienes deben cancelar a esa institución al contado”, apuntó.