El Gobierno de España tendrá que pagar sanciones millonarias a Bruselas por incumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de diciembre de 2014 sobre la liberalización de los contratación de estibadores en los puertos.
La sanción de la Comisión Europea al Reino de España, no así a los puertos, incluye una partida doble. Por un lado la suma resultante de multiplicar 27.522 euros diarios de infracción desde que se dictó la sentencia (es decir, 15,6 millones de euros), y por otra, el recargo o “multa coercitiva” por importe de 134.107,2 euros durante cada día de retraso en la aplicación de la resolución del Ejecutivo de la UE, publicada el pasado 13 de julio de 2016, consigna Levante-emv.
La Comisión Europea decidió llevar a España ante el Tribunal por incumplimiento de la sentencia que declaró ilegal la norma que impide a las empresas estibadoras que operan en varios puertos españoles (entre ellos Barcelona, Valencia, Algeciras y Bilbao) contratar a sus trabajadores en el mercado y les obliga a hacerlo a través de empresas de gestión de personal, en cuyo capital deben participar. El sistema portuario español aglutina a 7.000 estibadores, de los que 1.400 son empleados fijos en el puerto de Valencia, que también dispone de una bolsa de eventuales con unos 300 trabajadores.
Sin reforma legislativa
Desde que el Tribunal de Justicia de la UE emitió la sentencia, el GobiernO, cuya exministra de Fomento, Ana Pastor, dejó el cargo y en actualidad es presidenta del Congreso, no ha iniciado el proceso de reforma legislativa.
La actual Ley de Puertos de España dispone que en los puertos de interés general deben crearse empresas privadas denominadas SAGEP (Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios), que son las que contratan a los estibadores y los ponen a disposición de las empresas de manutención de carga. Bruselas ha apuntado que España “no ha abordado convenientemente los problemas identificados en la sentencia” del Tribunal de Justicia, por lo que decidió llevar a España ante los tribunales.
Convenio colectivo paralizado
Otra consecuencia de paralización legislativa del Gobierno de España en materia de puertos es el bloqueo del convenio colectivo del puerto de Valencia. Las negociaciones siguen estancadas y sin signos de solución a corto plazo. Las diferencias que en el ámbito económico separan a empresas y trabajadores alejan cada vez más una posibilidad de acuerdo.
La Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Valencia (Sevasa) y los trabajadores del sector alcanzaron en julio un acuerdo por el cual los estibadores se comprometieron a redoblar esfuerzos para recuperar los ritmos normales de actividad del recinto del Grao y, por su parte, la dirección de Sevasa a incorporar a 85 nuevos trabajadores. El pacto incluye que la sociedad incluya a 250 personas en la bolsa de trabajo para los meses de verano y que los trabajadores puedan dar el “servicio debido” a la diferentes terminales de mercancías.
