Diez portuarios serán formalizados tras querellas presentadas por Puerto Coronel

Por Redacción PortalPortuario

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A partir de las querellas presentadas por Puerto Coronel por los eventuales delitos de amenazas, bloqueos, destrozos y coacciones que se han registrado en los accesos del recinto portuario, la Fiscalía local determinó solicitar la formalización de diez dirigentes y trabajadores portuarios eventuales. La audiencia fue fijada para el 5 de julio por parte del Tribunal de Garantía de esta comuna de la zona sur del Gran Concepción.

La situación es parte de una cadena de hechos que tienen su origen el 26 de marzo cuando la compañía, después del inicio del mecanismo de “ruedas cuadradas” por parte de los estibadores, decidiera frenar sus faenas.

La empresa, en ese sentido, acusó que los portuarios -con la acción- querían impedir la implementación de una política de alcohol y drogas, algo que los sindicatos descartan, asegurando que están a favor, siempre que no implique menoscabos ni vulneraciones a sus derechos laborales.

Desde entonces, además de manifestaciones y acusaciones cruzadas comenzó un intento de proceso de diálogo en el que se involucraron autoridades locales sin que haya surtido ningún efecto

Este miércoles, ante nulos avances en las tratativas y tras un segundo intento de ingreso de trabajadores contratados al puerto que fue impedido por los movilizados, los portuarios eventuales decidieron iniciar un paro indefinido, generando la particular situación de ser un paro en rechazo a un paro.

El Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Coronel, Gonzalo Burgos Gutiérrez, detalló  en su oficio los 15 hechos que se imputan a los acusados, ocurridos entre el 26 de marzo y el 15 de abril de este año y entre las que se consignan bloqueos a los accesos del terminal, daños a infraestructura, realización de barricadas e incluso amenazas al gerente general Patricio Román, entre otros delitos.

Entre los acusados por la fiscalía, se cita al presidente del Sindicato Marítimo Portuario N°1 de Coronel, Guillermo Jaque y los trabajadores eventuales Víctor Alarcón, John Cuevas, Sergio Zapata, Leonel Muñoz, Benjamín de las Mercedes, Celedonio Elgueta, Hans Fuentes, Lorenzo Mariñan, Hugo Lazo, Enzo Zúñiga, José Alarcón Soto, Francisco Pereira, Juan Pereira, Hans Daza, Cristopher Provoste y Felipe Morales, además de José Alarcón Portiño, este último por el traslado de neumáticos para barricadas y agresiones.

Respecto a los hechos de gravedad que se indican en la investigación del Ministerio Público, se relata el bloqueo del acceso al Patio Nº1 y Acceso Norte del Puerto de Coronel el viernes 29 de marzo de 2024, donde el trabajador eventual John Cuevas Reinoso “utilizando el sistema de enganche trasero de su vehículo particular marca Hummer H3, trasladó hacia el acceso al Puerto de Coronel ubicado en Avenida Carlos Prats N°40, comuna de Coronel una barrera de concreto y de alto peso, con el fin de bloquear el acceso público al puerto antes referido”.

Otros delitos que se describen son los de amenazas y bloqueos violentos que han afectado a ejecutivos y otros trabajadores. El día 15 de abril, mientras se efectuaba al interior del Puerto la segunda reunión de diálogo junto a la Seremi del Trabajo, la Directora Regional de la Dirección del Trabajo (Biobío) y otros funcionarios de servicios junto a los ejecutivos de la empresa, el dirigente Guillermo Jaque, junto el trabajador John Cuevas bloquearon el acceso al Puerto con candado en ambos portones, impidiendo la salida del personal de la empresa y los funcionarios, de manera segura.

Otra de las  imputaciones se refiere a las amenazas proferidas al Gerente General de Puerto Coronel, Patricio Román, el 9 de abril, por parte del trabajador portuario eventual Felipe Morales Peña, quien -en medio de las manifestaciones- instaló en la reja del Acceso Norte del puerto, un objeto que simulaba ser un ataúd junto a una fotografía del ejecutivo de la compañía.

Puerto Coronel señaló que lamenta el nivel de violencia que ha tenido este bloqueo ilegal de las operaciones y espera que la formalización permita contar con medidas cautelares que protejan los derechos e integridad de los trabajadores y las personas que se han visto afectados por estos delitos. Reafirmamos nuestro rechazo a los actos de quienes se han alejado del diálogo y han elegido métodos violentos como camino para lograr sus objetivos.


 

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