Por Redacción PortalPortuario/Agencia Reuters
Estados Unidos y China comenzaron el martes 14 de octubre a aplicar tarifas portuarias adicionales a las empresas de transporte marítimo, convirtiendo las aguas internacionales en un frente clave de la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.
La reanudación de una guerra comercial total parecía inminente la semana pasada, después de que China anunciara una importante ampliación de sus controles a la exportación de minerales raros y el presidente Donald Trump amenazara con aumentar los aranceles a los productos chinos.
Pero después del fin de semana, ambas partes intentaron tranquilizar a los comerciantes e inversionistas, destacando la cooperación entre sus equipos negociadores y la posibilidad de encontrar una solución.
China anunció que había comenzado a cobrar los cargos especiales a los buques ligados a Estados Unidos, ya sea por propiedad, operación, construcción o que enarbolen la bandera del país norteamericano, pero aclaró que los navíos de origen chino estarían exentos de estos gravámenes.
En los detalles publicados por la emisora estatal CCTV, China especificó las disposiciones sobre las exenciones, que también incluyen naves vacías que ingresen a astilleros de la nación asiática para reparaciones.
Las tarifas portuarias adicionales impuestas por China se cobrarán en el primer puerto de entrada de un solo viaje o en los primeros cinco viajes dentro de un año, siguiendo un ciclo de facturación anual que comienza el 17 de abril.
A principios de este año, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció planes para imponer tarifas a los navíos vinculados a China con el fin de debilitar el control del país sobre la industria marítima global y fortalecer la construcción naval estadounidense.
Una investigación realizada durante la administración del expresidente Joe Biden concluyó que China utiliza políticas y prácticas desleales para dominar los sectores marítimo, logístico y de construcción naval a nivel mundial, lo que allanó el camino para esas sanciones.
China respondió la semana pasada, anunciando que impondría sus propias tarifas portuarias a los barcos vinculados a Estados Unidos a partir del mismo día en que entraran en vigor las tarifas estadounidenses.
Los analistas prevén que la naviera china Cosco Shipping será la más afectada, asumiendo casi la mitad del costo estimado de 3.200 millones de dólares en ese segmento para 2026.
El Ministerio de Comercio de China instó a Estados Unidos a “rectificar sus prácticas erróneas” y a optar por el diálogo y la consulta en su lugar.
“Si Estados Unidos elige la confrontación, China la llevará hasta el final; si elige el diálogo, la puerta de China permanece abierta”, declaró.
En una medida relacionada, Pekín también impuso sanciones el martes contra cinco filiales vinculadas a Estados Unidos del astillero surcoreano Hanwha Ocean, a las que acusó de haber “asistido y apoyado” una investigación estadounidense sobre las prácticas comerciales chinas.
Hanwha declaró a Reuters que está al tanto del anuncio y que está revisando cuidadosamente el posible impacto comercial para la empresa. Las acciones de Hanwha Ocean cayeron casi 6%.
China también inició una investigación sobre cómo la pesquisa estadounidense ha afectado a sus industrias naviera y de construcción naval.
Temor
“Esta simetría de represalias encierra a ambas economías en una espiral de impuestos marítimos que amenaza con distorsionar los flujos globales de carga”, señaló la firma Xclusiv Shipbrokers Inc, con sede en Atenas, en una nota de análisis.
Un consultor con sede en Shanghái -que asesora a empresas globales sobre comercio con China- comentó que las nuevas tarifas podrían no ser tan disruptivas para la industria y que cualquier aumento de costos probablemente se trasladaría a precios más altos.
“¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar de enviar mercancías? El comercio con Estados Unidos ya está bastante alterado, pero las empresas están encontrando la manera”, dijo el consultor, quien pidió permanecer en el anonimato por no estar autorizado a hablar con los medios.
Estados Unidos anunció el viernes 11 de octubre una excepción para los arrendatarios a largo plazo de buques operados por China que transportan vehículos, etano y gas licuado de petróleo (GLP) estadounidenses, aplazando el cobro de tarifas portuarias hasta el 10 de diciembre.
Sin embargo, la empresa de rastreo marítimo Vortexa identificó 45 buques VLGC que transportan GLP -el 11% de la flota total- que seguirían sujetos a las tarifas portuarias chinas, según la analista de las Américas, Samantha Hartke.
Clarksons Research indicó en un informe que las nuevas tarifas podrían afectar a petroleros que representan el 15% de la capacidad global. El analista de Jefferies, Omar Nokta, estimó que el 13% de los petroleros y el 11% de los portacontenedores de la flota mundial se verían afectados.
Represalia
Como represalia por las restricciones chinas a la exportación de minerales críticos, Trump amenazó el viernes 11 pasado con imponer aranceles adicionales del 100% a los productos chinos y establecer nuevos controles a la exportación de “todo software crítico” antes del 1 de noviembre.
Horas después, funcionarios de su administración advirtieron que los países que votaran a favor del plan de la Organización Marítima Internacional (OMI) de la ONU para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del transporte marítimo podrían enfrentar sanciones, prohibiciones portuarias o cargos punitivos a sus navíos. China ha expresado públicamente su apoyo al plan de la OMI.
“La instrumentalización tanto de la política comercial como ambiental indica que el transporte marítimo ha dejado de ser un canal neutral del comercio global para convertirse en un instrumento directo de la diplomacia estatal”, afirmó Xclusiv.
Las acciones de Cosco Shipping, que cotiza en Shanghái, subieron más del 2% en las primeras operaciones del martes 14. La empresa anunció que su junta directiva aprobó un plan para recomprar hasta 1.500 millones de yuanes (210,3 millones de dólares) en acciones durante los próximos tres meses para mantener el valor corporativo y proteger los intereses de los accionistas.
