La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) evidenció falencias de seguridad a nivel operativa y en infraestructura del Puerto de Ushuaia. Las irregularidades comprobaron denuncias previas de empresarios y trabajadores respecto de la ausencia de obras en el recinto portuario.
Los datos forman parte de la inspección que ANPyN llevó adelante en Ushuaia luego de la sanción de la Ley 1071 de Tierra del Fuego. La inspección detectó el desgaste de las defensas del muelle, lo que colocaría en riesgo toda la infraestructura portuaria, según informó Dinamicarg.
Cabe recordar que, en enero, un pesquero impactó directamente contra el muelle del Puerto de Ushuaia, generando complicaciones operatorias y daños menores. Ahora, se comprobaron no sólo fallas de las defensas -con más de 20 años de uso- si no también la existencia de pilotes gastados, partidos o directamente faltantes.
Lo anterior podría derivar en que el roce de los buques, cuando están amarrados al muelle, generen daños estructurales. Las autoridades que visitaron la terminal a cargo de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) hicieron hincapié en el riesgo ya no sólo para la operatoria, sino para la integridad del propio muelle.
En una inspección realizada por la ANPyN se constató también que no hay un sistema organizado de tránsito interno en el puerto entre el trasporte de contenedores y el de pasajeros. Tampoco un de control de seguridad, a lo que se sumaría que las alarmas de hombre al agua y de incendio, por ejemplo, no funcionan.
Las dificultades en el puerto de Ushuaia vienen siendo advertidas por las empresas del sector y los trabajadores portuarios. Desde el Centro de Navegación habían llamado la atención de las autoridades sobre las necesidades de mejorar la infraestructura portuaria.
En una carta enviada al gobernador Gustavo Melella y a la DPP, el Centro de Navegación -que agrupa, entre otras, a las empresas de cruceros- alertaba por el riesgo de una ley sancionada en la Legislatura fueguina, que tomaba para la provincia los ingresos del Puerto de Ushuaia.
Esa preocupación es compartida por los trabajadores, que organizaron movilizaciones y manifestaron su reclamo para las autoridades, exigiendo que se realicen las necesarias obras que garanticen la seguridad y la buena operatoria del puerto.
En septiembre, el director de la DPP, Roberto Murcia, había culpado a los legisladores de su propio bloque (y al gobernador) por hacer caso omiso a una supuesta carta donde advertía de la irregularidad de la Ley 1.071, y anunció que se modificaría la legislación. Hasta la fecha, la legislatura no registró ningún tipo de avances en ese punto.













































