Por Redacción PortalPortuario
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Con el objetivo de que se evalúe la legalidad y el mecanismo de determinación de la Tarifa de Uso de Puerto (TUP), un cobro aplicado por las empresas portuarias estatales a las naves que arriban a puerto, la Asociación Nacional de Agentes de Naves de Chile (Asonave A.G.) presentó una solicitud ante la Contraloría General de la República, encabezada por Dorothy Pérez.
El gremio sostiene que la tarifa carece, desde su implementación en el año 2000, de una metodología reglada y transparente, pese a haber generado en todo este período una recaudación acumulada del orden de cientos de millones de dólares.
De acuerdo con Asonave, a diferencia de otros cargos portuarios regulados por decreto, la TUP no cuenta con un marco normativo que establezca variables técnicas, criterios de costos ni obligaciones explícitas de reinversión en infraestructura. Esta situación habría permitido que la tarifa se fije de manera autónoma por cada empresa portuaria estatal, generando asimetrías de costos entre terminales y distorsiones en la competencia.
Royalty Portuario
Uno de los puntos que el gremio considera más críticos es el peso relativo que la TUP ha adquirido en la estructura de ingresos de algunas empresas portuarias. Según antecedentes expuestos en la presentación, en ciertos puertos la tarifa representa una porción sustantiva de los ingresos totales, llegando históricamente al 52% en el puerto de San Antonio y a cifras cercanas al 30% en otros terminales estatales.
A juicio de Asonave, estos niveles evidencian que la TUP opera, en la práctica económica, como un royalty portuario, es decir, un cobro estructural por el uso de infraestructura pública, pero que -a diferencia de un verdadero royalty o impuesto- carece de una metodología de determinación legalmente establecida.
“El problema de fondo es la ausencia de reglas claras”, señaló el presidente de Asonave, Gonzalo Fernández Alzola.
“Estamos frente a un cobro que nació como un mecanismo de recuperación de costos, pero que hoy opera como un ingreso estructural sin una correlación verificable con inversiones efectivas en infraestructura portuaria común”, añadió.
Requerimiento a la CGR
Según antecedentes expuestos por el gremio, la TUP ha pasado a representar una parte relevante de los ingresos de algunas empresas portuarias estatales, sin que exista claridad respecto de su destino ni una trazabilidad directa hacia obras de abrigo u otras inversiones asociadas al servicio que justifica el cobro.
En ese contexto, Asonave solicitó que la Contraloría instruya una auditoría que revise tanto la metodología de fijación de la tarifa como el uso de los recursos recaudados.
La presentación también pide un pronunciamiento jurídico sobre la procedencia de mantener un cobro de carácter monopólico sin una regulación técnica explícita, advirtiendo que esta indeterminación metodológica afecta la certeza jurídica de los usuarios portuarios y puede incidir en decisiones logísticas, comerciales y de inversión.
Concesiones
Desde Asonave subrayan que el tema adquiere mayor relevancia en el escenario de mediano plazo, marcado por el vencimiento de concesiones portuarias hacia 2030 y por proyectos de inversión de gran escala en infraestructura marítima. A juicio del gremio, la ausencia de un marco regulatorio claro para la TUP introduce riesgos tarifarios futuros, con potencial impacto en la competitividad del comercio exterior chileno.
El gremio recalcó que su planteamiento no apunta a eliminar la Tarifa de Uso de Puerto, sino a dotarla de un estándar regulatorio comparable al de otros cargos del sistema portuario, con reglas predecibles, transparentes y alineadas con criterios de eficiencia económica. “Un sistema portuario competitivo requiere precios bien fundados y reglas estables”, concluyó Asonave.
