Presidente de Panamá afirma que contratos portuarios no serán otorgados a un solo operador

Por Redacción PortalPortuario/Agencia Reuters

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El presidente panameño José Raúl Mulino declaró que la concesión de contratos para operar dos puertos, Balboa y Cristóbal, administrados durante casi tres décadas por  Panama Ports Company (PPC), filial de la empresa hongkonesa CK Hutchison, “nunca más” será otorgada a una sola compañía.

La Corte Suprema de Panamá recientemente anuló el contrato de CK Hutchison para operar dos recintos portuarios a lo largo de la estratégica vía navegable, al dictaminar que dichos acuerdos violaban la constitución del país centroamericano al otorgar a la entidad privilegios exclusivos y exenciones fiscales.

“No espero que esta situación escale”, comentó Mulino, calificando la decisión de la corte como definitiva. “Panamá es un país digno y no permitirá ser amenazado por ningún país en el mundo”, agregó.

Sin embargo, China advirtió a Panamá que habría “altos costos” por el fallo judicial, el cual la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao de China calificó como “absurdo” y “vergonzoso y patético”. Pekín prometió defender los intereses de las empresas chinas.

Asimismo, el país asiático solicitó a las empresas estatales que detengan las conversaciones sobre nuevos proyectos e inversiones en Panamá, lo que sería parte de una represalia más amplia de Pekín después de la anulación de los contratos.

Por su parte, Mulino sostuvo que aún no estaba claro cuándo se aplicaría el fallo. “El Estado panameño decide mucho después sobre el esquema de concesión que se otorgará”, añadió.

Mientras tanto, Panama Ports Company continuaría operando ambos recintos portuarios. Sin embargo, todo apunta a que será APM Terminals la que asuma de manera temporal la operación de las terminales de Balboa y Cristóbal.

Cabe mencionar que CK Hutchison informó que su filial PPC había iniciado un proceso de arbitraje internacional contra Panamá, en un caso que podría tardar años en resolverse.

La decisión y el recurso al arbitraje generan aún más dudas sobre la futura propiedad de los dos puertos y sobre el acuerdo de 23.000 millones de dólares que la compañía planea para vender sus negocios portuarios.


 

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