El Gobierno ingresó al Congreso durante el inicio del trabajo legislativo 2015, un proyecto de ley que busca modificar la justicia aduanera y tributaria. El texto, firmado por la Presidenta Michelle Bachelet y los ministros de Hacienda y Justicia, Alberto Arenas y José Antonio Gómez respectivamente, iniciará su trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

El proyecto, al cual tuvo acceso PortalPortuario.cl, busca fortalecer aún más la Ley 20.322, que fue dictada durante el primer mandato de la Presidenta Bachelet, modernizando la justicia tributaria y aduanera en el país, para “enfrentar los nuevos desafíos y necesidades que se presentarán en los próximos años”, según señala el texto legal.

Además, la iniciativa, que contiene cuatro extensos artículos, es uno de los compromisos asumidos en el protocolo de acuerdo firmado el 8 de julio de 2014, entre el Ministerio de Hacienda y los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado en el marco de la tramitación de la Reforma Tributaria.

El texto presentado por el Ejecutivo se propone fortalecer la institucionalidad de la justicia tributaria y aduanera a través de la generación de una escala de remuneraciones propia y el aumento en las plantas de funcionarios de dichos tribunales. Lo anterior no sólo refuerza la independencia de éstos al establecer un sistema de remuneraciones propio para esta judicatura especial, sino que permite hacerse cargo de mejor manera de dicha especialidad, considerando además, los relevantes cambios introducidos por la reciente Reforma Tributaria.

Además, se plantea aumentar las plantas de personal, buscando adecuar las mismas al número y complejidad de causas existentes en los tribunales tributarios y aduaneros del país, ello considerando la experiencia recogida con motivo del término de su proceso de instalación a nivel nacional y la vigencia gradual en los próximos años de las distintas medidas aprobadas en la citada Reforma Tributaria.

Asimismo, apunta a mejorar ciertos procedimientos e impulsar la incorporación de nuevas etapas en los mismos que permitan seguir avanzando en una judicatura especializada que otorgue a los contribuyentes y a los órganos de la Administración del Estado encargados de aplicar las disposiciones legales respectivas y fiscalizar el cumplimiento tributario y aduanero, la mayor certeza jurídica y celeridad necesaria en el desarrollo de sus actividades.

En este contexto, se incorporan nuevas instituciones como la conciliación y el trámite de observaciones a la prueba en los juicios tributarios y aduaneros; además de perfeccionar otros procedimientos como el caso de la reposición administrativa.

La iniciativa establece la tramitación electrónica de causas en los procedimientos tributarios y aduaneros, lo cual constituye un avance en la incorporación del uso de la tecnología, información y comunicación digital, lo que facilita contar oportunamente con la información y generará, a futuro, un importante ahorro de recursos dada la mayor eficiencia del almacenamiento de datos en medios tecnológicos.

El foco del proyecto está puesto en tres puntos como es el fortalecimiento institucional de los tribunales aduaneros y tributarios (creando un nuevo sistema de remuneraciones, ampliando las plantas de los Tribunales y redistribución de causas de la Región Metropolitana y otros puntos anexos, relacionados con la administración interna de los juzgados); procedimiento y tramitación electrónica de causas (con la creación del trámite de la audiencia de Conciliación en los procedimientos tributarios y aduaneros, incorporando el trámite de observaciones a la prueba, mejoras en el recurso de reposición administrativa del Código Tributario, y expediente y tramitación electrónica de causas).

Todo lo anterior junto con una serie de normas transitorias que fueron incorporadas detallar la entrada en vigencia de las distintas normas que se incorporan, así como la facultad delegada para regular aspectos de las remuneraciones y la norma relativa a la imputación del gasto.

Tras la cuenta en la Sala de la Cámara de Diputados, y con el despacho a la Comisión de Constitución, el proyecto fue remitido mediante oficio a la Corte Suprema, para que el máximo tribunal del país, también entregue su opinión sobre la iniciativa legal.