Por Redacción PortalPortuario.cl /Agência Brasil
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El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), Luís Roberto Barroso, revocó las prisiones preventivas para los cercanos al presidente Michel Temer, quienes fueron detenidos en el marco de una investigación sobre un hecho de corrupción portuaria.
Los individuos fueron detenidos en la llamada Operação Skala llevada adelante por la Polícia Federal; sin embargo, fueron liberados la noche de este sábado en atención a un pedido de la procuradora general de la República, Raquel Dodge, quien pidió la revocación de la cautelar.
Las prisiones fueron dictaminadas en el contexto de la indagatoria que busca posibles irregularidades en la edición del Decreto dos Portos (9.048/2017) firmado por Temer en mayo del año pasado y con el cual se habría favorecido a empresas del rubro portuario.
La procuradora dijo que las cautelares ya habían cumplido con su objetivo legal, buscándose y deteniéndose a las personas, salvo a tres que se mantenían en el exterior y que manifestaron su voluntad de presentarse voluntariamente.
“De ese modo, teniendo las medidas de naturaleza cautelar alcanzado su finalidad, no subsiste fundamento lagal para la mantención de las medidas, imponiéndose y acogiéndose la manifestación de la Procuradoria Geral da República”, escribió Barroso en su fallo.
Operação Skala
En la operativa de la Polícia Federal fueron capturadas 13 personas, incluyendo al exasesor del presidente Michel Temer, José Yunes, al exministro de Agricultura y expresidente de la estatal Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) Wagner Rossi; al presidente del Grupo Rodrimar, Antônio Celso Grecco; a la empresaria Celina Torrealba, una de las poprietarias del Grupo Libra, que también actua en el ramo portuario; y al coronel João Batista Lima, amigo del presidente Michel Temer.
Las medidas fueron determinadas por el Luís Roberto Barroso, relator del llamado Inquérito (investigación) dos Portos, en el STF.
La presidencia de la República de Brasil informó mediante una nota oficial que el decreto investigado nació de un grupo de trabajo del Ministerio de Transporte que realizó un debate “amplio y público” con reuniones que se llevaron a cabo entre septiembre de 2016 y mayo de 2017.
Según el Gobierno Federal, “las autoridades intentan crear narrativas que generen nuevas acusaciones” y aseguró que el decreto no aplica a la empresa Rodrimar SA, acusada de haber sido beneficiada en las reglas de licitación aprobadas para el sector portuario brasileño.
