El Grupo Unidos por el Canal (GUPC),  consorcio liderado por Sacyr Vallehermoso y la italiana Impregilo informó su intención de suspender las obras de ampliación del Canal de Panamá que se adjudicó en 2009 debido a  sobrecostos generados durante el desarrollo del proyecto.

GUPC expuso en un comunicado que ya ha enviado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) la nota preaviso de suspensión de la construcción del tercer juego de esclusas “ante los incumplimientos del contrato”.

La obra del proyecto de ampliación cuenta con un valor global de 5.250 millones de dólares, de los cuales 3.118 millones (unos 2.243 millones de euros) corresponde al contrato para la construcción de las nuevas esclusas.

Según el consorcio “no puede continuar una obra en la que se proyectan 1.600 millones de dólares en sobrecostos, que son responsabilidad del empleador, siempre bajo el contrato y las leyes panameñas y a pesar de que GUPC ha remitido diferentes propuestas específicas que la ACP ha rehusado discutir hasta la fecha”.

La ACP dispone de un plazo de 21 días para cumplir con los requerimientos solicitados, aunque mientras tanto los trabajos continuarán con normalidad, según GUPC, que está integrado además por la constructora belga Jan de Nuil y la panameña Constructora Urbana.

 En la carta remitida a la ACP, administradora del canal, el consorcio reitera que esta se encuentra “al tanto de los intentos repetidos del contratista de reunirse al más alto nivel con la intención de discutir de una manera justa y apropiada una solución, bajo la ley panameña, de los grandes problemas financieros que están afectando el proyecto”.

Asimismo, se indica que, a pesar de que ambas partes han llegado a acuerdos, el administrador “ha decidido no honrar dichos acuerdos”.

Además, GUPC ha acusado a la ACP de haber “fallado en el cumplimiento de sus obligaciones recogidas en el contrato”, por ejemplo en relación con “la inexactitud de la información proporcionada al consorcio para ejecutar el proyecto, reconocida por la propia Administración”.

Según el consorcio, la ACP “ha forzado al contratista a renunciar a varios de sus derechos” y, sobre todo, “ha fallado en mantener y restaurar el equilibrio financiero con GUPC por los eventos imprevistos que se han presentado en la obra”, algo que, según ha apuntado “ocurre de manera habitual en proyectos de esta envergadura”.

En el comunicado, GUPC niega “cualquier tipo de presión” a la ACP y asegura que siempre ha estado “dispuesto a colaborar” para hallar “una salida dialogada para poder terminar la obra en el menor tiempo y costo posible”. En cambio, la Administración “ha hecho todo lo que está en su poder para evitar la resolución de las diferentes disputas y reclamos”, añaden.