La Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, que preside Fernando Rivara, exigieron a nueve municipios portuarios a eliminar imposiciones que gravan la circulación, el arribo y la descarga de los camiones en las terminales, y que implican unos $25 mil millones anuales, según consignó el medio TN.

A través de cartas documento, la Federación de Acopiadores intimó a los municipios santafesinos de Timbúes, Villa Constitución, Alvear, General Lagos, Rosario, Arroyo Seco, Ramallo, San Lorenzo y San Martín, a “terminar con el cobro de verdaderos peajes disfrazados de tasas retributivas de servicios aplicados a la circulación, arribo y descarga de camiones en las instalaciones (fábricas y/o puertos) existentes en sus jurisdicciones”.

A raíz de estas maniobras, estos municipios reciben para rentas generales una suma que oscila los $25 mil millones por año. “Una situación que resulta irrazonable, inconstitucional, desproporcionada y arbitraria contra la producción granaria argentina”, sostuvieron desde la Federación de Acopiadores.

La entidad argumentó que “el mal ejemplo de establecer una suerte de barrera interna se ha extendido y pasó a formar parte de las rentas generales de esos municipios, circunstancia que explica su incompetencia tributaria y la violación de derechos constitucionales de los asociados y de la cadena agroindustrial”.

La entidad consideró que “una mera disposición municipal crea aduanas internas alterando derechos y obligaciones de contratos privados pactados en el marco de la legislación de fondo, y de los usos y costumbres en el comercio de granos”.

“Por todo ello, la Federación seguirá cuestionando cualquier imposición de costos distorsivos que impacten sobre la competitividad de las exportaciones agroindustriales”, concluyó el comunicado.

Las críticas de la Federación llegan en un contexto donde el gobierno santafesino busca que las localidades aporten buena parte de esa recaudación a un fideicomiso que tenga como destino el financiamiento efectivo de los accesos viales, que actualmente se encuentran en mal estado.

En tanto, las ciudades portuarias se niegan a que con estos fondos también se hagan frente a gastos que son competencia de la provincia, como salud y seguridad