La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) de Argentina, pidió actualizar la normativa del país para los eventuales casos de colisión de buques con muelles, dado que la actual legislación dejaría a estas instalaciones “desprotegidas”.

Escenario que, cabe recordar, sucedió el 5 de febrero de 2022, cuanto el buque tanquero Ardmore Seavanguard chocó contra el muelle ubicado en el Puerto de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), causando daños en la estructura de la terminal.

Según El Cronista, el problema radica en que la legislación argentina en materia indemnizatoria por parte del armador, ha quedado desactualizada del régimen internacional, ya que se sigue midiendo por el valor del buque y, en la actualidad, los muelles valen más del doble de lo que cuesta una nave.

Sin embargo, a partir del Convenio de Londres de 1976 (actualizado en 2010), sus protocolos del año 1996 y 2012, los límites de responsabilidad y, consecuentemente, los valores en la reparación por daños han aumentado considerablemente. Pero la Argentina no ha adherido a ese Convenio.

“Nuestros muelles están desprotegidos. En la Argentina se aplica el valor del buque como vara para medir la indemnización en este tipo de accidentes, valor que oscila en los USD 17 millones mientras que los muelles cuestan aproximadamente USD 40 millones. Claramente, estamos infra asegurados mientras que un buque Panamax/Post Panamax puede tener un promedio de limitación de responsabilidad a nivel internacional de USD 42 millones aproximadamente. Esta situación va en perjuicio de nuestros intereses nacionales”, dijo Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC).

El ejecutivo resaltó que se han realizado numerosas gestiones para impulsar que se apruebe dicho tratado y se lo incorpore definitivamente en la legislación argentina. Existe un proyecto de ley que se está impulsando, pero los tiempos administrativos difieren de las necesidades reales de las terminales. Mientras tanto, hay millones de dólares invertidos y puestos de trabajo que pueden verse afectados por una eventualidad de estas características.

“Contar con esta legislación incorporada en nuestro régimen jurídico es de beneficio para la Argentina, ya que los principales puertos que permiten el ingreso de divisas podrán contar con mejores elementos de protección patrimonial y así mantenerse lo más indemnes posible de los riesgos que de por sí conlleva la actividad, además de otorgar mayor seguridad jurídica a quienes han realizado tan importantísimas inversiones en nuestro querido país. No debería haber razones para que se demore su tramitación”, destacaron desde la CPPC.

A juicio de la CPPC, una forma de revertir este problema indemnizatorio, es que Argentina ratifique la Convención de Londres para que las diferencias apuntadas se equiparen y la Argentina se rija por el régimen internacional. Esta ratificación debe ser impulsada por el Poder Ejecutivo y refrendada por el Congreso Nacional.