Por Redacción PortalPortuario.cl
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nttPor medio de una declaración pública, la Asociación de Armadores del Sur (Armasur) expresó su rechazo al proyecto de Ley que busca abrir el cabotaje a banderas extranjeras en Chile.
“Manifestamos nuestro más absoluto rechazo al proyecto de ley de apertura del cabotaje presentado sin causa aparente por el presidente (Sebastián) Piñera”, indicó el gremio.
Armasur aseguró que “ya en mayo del 2021, le enviamos una carta al Presidente y a los Ministros sectoriales que patrocinan el proyecto manifestando que se trata de una iniciativa inoportuna y carente de toda legitimación impulsada repentinamente y sin ningún tipo de consulta previa con los diferentes actores que participan directa e indirectamente de esta industria tales como trabajadores embarcados, trabajadores portuarios, gremios de armadores, proveedores intermedios, pescadores artesanales y la Autoridad Marítima”.
Por otro lado, la Asociación gremial fustigó la iniciativa indicando que “se trata de un proyecto infundado, arbitrario, sin sustento técnico, irracional, improvisado, que no responde a los intereses de Chile”.
Los armadores sureños también acusaron que el Gobierno con su proyecto “perjudica severamente las fuentes laborales, capacitación y crecimiento de los trabajadores chilenos de la industria armatorial, de astilleros y de los proveedores de ambas industrias. Una cosa es buscar opciones legales para mantener una marina mercante competitiva, pero otra muy diferente es destruirla como se puede apreciar con este proyecto”.
De la misma manera, de acuerdo a Armasur, el proyecto “promueve y facilita que empresas extranjeras subsidiadas compitan deslealmente con los trabajadores e industrias chilenas asociadas al cabotaje por tener ventajas competitivas artificiales en aspectos tributarios, laborales, financieros, etc. que afectarán severamente la competitividad de las empresas chilenas en materia de provisión de servicios de conectividad, cabotaje, fabricación de naves, afectando con ello el empleo de fuentes laborales nacionales”.
Por otro lado, los armadores sostuvieron, además, que el Mensaje ingresado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, “pone en jaque la soberanía y la seguridad del país, especialmente en nuestra zona sur austral en donde la conectividad e integración territoriales son elementos esenciales, permitiendo incluso que países limítrofes con pretensiones territoriales sobre Chile y con sistemas de cabotaje cerrados, puedan desarrollar una presencia comercial permanente en puntos estratégicos en donde ya ha habido o existen pretensiones pendientes relacionadas con reclamaciones de derechos soberanos”.
En su declaración, los Armasur sostuvo que el proyecto, por otro lado, “desconoce abiertamente la realidad de fragmentación y conectividad territorial y de competencia, existentes desde el paralelo 41° al sur, incomparables con la realidad del resto de Chile. Ello, pese a que incomprensiblemente, el mismo mensaje del proyecto reconoce esta condición”.
Junto con esto, los armadores sureños aseguraron que la iniciativa “pretende someter naves y personas extranjeras al servicio de la Armada de Chile para situaciones de guerra y de catástrofes nacionales”.
De igual modo, Armasur apuntó que el proyecto “abre nuestro cabotaje unilateral e indiscriminadamente al resto del mundo, incluyendo países limítrofes con sistemas de cabotaje cerrados como Argentina y Perú, sin exigir ningún tipo de concesión o tratamiento recíproco prestación a cambio”.
Asimismo, a juicio de los armadores sureños, el proyecto de Ley “contraría la tendencia mundial que da cuenta que más del 80% de los países han adoptado sistemas de cabotaje cerrados o semi cerrados y que aquellos que los han abierto finalmente los han vuelto a cerrar dados los efectos indeseables de las políticas de apertura en materia laboral, de seguridad nacional, de competencia, tributaria, de fiscalización, etc”.
Finalmente, Armasur afirmó que el proyecto “propone un régimen de cabotaje abierto que pugna abiertamente con normas constitucionales y de derecho internacional arrogándose falsa e improcedentemente la potestad de poder imponer normas laborales, tributarias y de otro tipo a empresas extranjeras”.
