Un intento de cambio de las reglas del juego con el fin de quitar la plena exclusividad de servicios, estaría motivando a Cosco Shipping Ports Chancay solicitar un posible arbitraje internacional de no resolverse esta controversia por una vía “amistosa”. La situación fue notificada por vía escrita y formal al Poder Ejecutivo de Perú por parte de la compañía china.
El hecho, según consignó el medio local Gestión, radica en la intención de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), a través de la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de anular la exclusividad sobre los servicios esenciales del puerto otorgada a Cosco Shipping Ports en 2021.
Si bien en el Congreso de la República ya se aprobó en primera votación un cambio a la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) que “remediaría” esta situación, ya la empresa dio un primer paso.
Según Gestión, la compañía china, que para construir Chancay se asoció la empresa local Volcan Compañía Minera notificó al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del Perú, José Arista, sobre una controversia entre los inversionistas del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay y Perú.
Con esto se da paso a un periodo de seis meses para buscar “una resolución amigable” bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. Es decir, hasta un mes antes de la inauguración, se podría encontrar una solución.
Esta negociación es un primer paso para un eventual procedimiento arbitral internacional, en caso no se alcance ningún acuerdo entre las partes, consigna el medio.
“Se notifica la controversia con el ánimo de que, en el periodo de negociación de seis meses que se abre con la presente, las partes puedan en conjunto encontrar una vía de resolución amigable a la controversia que evite el inicio de un procedimiento arbitral internacional y, sobre todo, que evite la desaceleración de la inversión en el puerto de Chancay (…)”, refiere Cosco Shipping Ports en la carta a la que tuvo acceso Gestión.
“La presente notificación de la controversia se realiza como consecuencia de un trato manifiestamente injusto e inequitativo, entre otras violaciones del tratado, que viene cometiendo el Estado en contra de la inversión; en particular, a través de diversos órganos del Ejecutivo, como son el MTC, el Organismo Regulador de la Inversión en Transporte (Ositran) y la nueva composición de la APN”, subraya Cosco.
