Por Redacción PortalPortuario
La Asociación Nacional de Agentes de Naves de Chile (Asonave) llamó a reconducir el debate sobre el llamado Royalty Portuario hacia soluciones que permitan apoyar a las ciudades puerto sin encarecer la logística del país y, con esto, compatible con reglas internacionales.
En la jornada del lunes 15 de septiembre se votará la tramitación del proyecto legislativo en la Sala de la Cámara Baja. Lo tratado definirá si la iniciativa es admisible y puede avanzar en el Congreso.
“El objetivo de compensar a las ciudades puerto es atendible. Lo que no es razonable es hacerlo con un cobro plano por tonelada que, al final del día, encarece los fletes y resta competitividad a Chile. Con la votación del lunes 15, pedimos a los parlamentarios optar por una alternativa compatible con las reglas internacionales”, señaló Gonzalo Fernández, presidente de Asonave.
El titular de la gremial advirtió que un cargo general ligado al despacho de exportaciones o importaciones “duplica cobros sobre un sistema que ya paga la Tarifa de Uso de Puerto (TUP) y cánones concesionales” y, además, “abre flancos jurídicos internacionales cuando no existe una contraprestación de servicio clara”.
En línea con lo explicado por Fernández, las propuestas parlamentarias gravan el movimiento de carga, no la renta de un recurso escaso (que es la naturaleza del royalty). Por tanto, el cobro de 1 a 2 dólares por tonelada se trasladaría a fletes y tarifas, lo que encarecería la cadena exportadora e importadora y, con esto, afectado con mayor fuerza a sectores de bajo valor por tonelada como -por ejemplo- maderas y graneles.
Lo tratado también sumaría costos sobre un sistema que ya considera el pago de la TUP y cánones, sin un servicio adicional que lo justifique, según se planteó desde Asonave. “El resultado es simple: sube el costo-país, baja el atractivo de recalar en puertos chilenos y se empujan tráficos hacia alternativas más baratas o estables en la costa del Pacífico”, remarcó el presidente de la Asociación.
Además, Gonzalo Fernández precisó que equiparar este cobro con el Royalty Minero “confunde el debate”, ya que en minería el Estado recaudaría renta del recurso extraído con un diseño progresivo (por valor y margen) que no operaría en la frontera aduanera.
En tanto, en puertos se abordarían servicios logísticos y movimiento de carga ya ordenados por tarifas por servicio (TUP) y cánones concesionales. “Un royalty portuario por tonelada es, en los hechos, un impuesto al tránsito comercial: duplica cobros, encarece la cadena y choca con estándares que exigen que las tasas en frontera reflejen costos reales de servicios”, remarcó Fernández.
“En minería se grava la renta del recurso; en puertos, la prestación de servicios y el flujo logístico. La minería usa una base progresiva; el cargo por tonelada en puertos es plano y castiga a los sectores de bajo valor por tonelada. Además, el royalty minero no es un cargo fronterizo; en puertos, un cobro general ligado a exportaciones/importaciones choca con estándares OMC/TLC”, aclaró.
El presidente de Asonave enfatizó que “lo preocupante de las propuestas de ambos parlamentarios es que las reglas internacionales son conocidas. Cualquier tasa conexa con la importación o exportación debe pagar un servicio concreto y costeable (señalización, canales, dragado, VTS), no usarse para recaudar. Un cargo plano por tonelada destinado a un fondo territorial no cumple ese estándar y expone a Chile a controversias”.
“En la misma línea, tratados como el Chile-Estados Unidos y el acuerdo modernizado Unión Europea-Chile prohíben nuevos impuestos o cargos a las exportaciones (salvo trato idéntico a bienes para consumo interno), lo que añade incertidumbre para invertir y operar”, agregó.
En este sentido, Fernández propone que la discusión se reconduzca hacia la TUP y para ello se requiere “un reporte público y trazable del destino de los recursos TUP por puerto (ingresos y gastos en servicios comunes: señalización, canales, dragados, VTS, etc.). Asimismo, que se cree un Portal TUP de datos abiertos, con metodología de costeo, contratos e indicadores de eficiencia (por ejemplo, costo por buque atendido o por kilómetro dragado), además de auditoría independiente anual”.
“Se puede fortalecer a las ciudades puerto con transparencia del TUP, mejor uso de cánones y una buena cartera de proyectos locales, sin cargar más al comercio exterior. Más del 90% de la economía de Chile se mueve a través de los puertos. Chile necesita puertos competitivos y comunidades fortalecidas; ambas metas son compatibles si elegimos instrumentos bien diseñados y respetuosos de las reglas internacionales”, concluyó.
Votación
En la tarde del lunes 15 de septiembre tiene lugar la votación en la Cámara de Diputados sobre la admisibilidad del proyecto de ley de Royalty Portuario presentado por el diputado Luis Cuello.
Al respecto, el legislador indicó que “este es un día muy importante para la región de Valparaíso, votaremos la admisibilidad del Proyecto de Ley de Royalty Portuario, que busca que parte de la riqueza que producen los puertos de Valparaíso, de San Antonio, beneficie y mejore la calidad de vida de los ciudadanos”.
“Yo espero que esto tenga un apoyo transversal, que podamos avanzar en la tramitación y que demostremos que es posible llegar a acuerdos para poder tener recursos que se puedan invertir en transporte, en educación, en salud, en lo que requiere hoy día la región de Valparaíso y otras regiones portuarias de Chile”, finalizó Cuello.
