Por Redacción PortalPortuario.cl

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La Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) señaló que existe un “vacío normativo” que le impediría a la Empresa Portuaria Arica reajustar sus tarifas por los servicios que presta a la carga de importacion boliviana sin la existencia de un acuerdo entre ambas entidades.

El gerente ejecutivo de la ASP-B, Dante Justiniano, aseguró que “al no existir un nuevo acuerdo, por el principio de ultra actividad de la norma, el acuerdo de 2019 continúa vigente ante el vacío normativo por no existir un acuerdo firmado entre entidades estatales, bajo el principio de buena fe; por lo que, no es admisible la aplicación de sus tarifas públicas, al no estar sujetas a una reglamentación definida por mutuo acuerdo y en actos públicos”.

Según el titular de la ASP-B, entidad que después de un mes de conversaciones se ha negado a suscribir un acuerdo que entrega descuentos del orden del 38% para unos 23 servicios que se dan a la carga destinada a Bolivia,  indicó que la EPA reconoce ese principio, por lo que reitera la solicitud de ampliar el acuerdo de 2019 de tarifas por seis meses.

Ante esa situación, Justiniano consideró que bajo ese argumento no hay pretexto para aplicar las tarifas públicas que implican un incremento en las acordadas desde el 2019, por lo que el lapso de seis meses, servirá para hacer un estudio técnico a la propuesta que presenta la empresa chilena.

El funcionario, según un comunicado de la ASP-B,  ratificó que no se aceptará ninguna imposición tarifaria por parte de Chile sobre este tema y reitera su disposición al diálogo para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

Justiniano, a diferencia de la tesis que mantiene Chile en relación a que estos asuntos son empresariales, aseguró que estos acuerdos  “siempre deben tratarse de Estado a Estado”.