Por Redacción PortalPortuario.cl
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La Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B), entidad que no ha querido suscribir el nuevo acuerdo tarifario con la Empresa Portuaria Arica (EPA), pese a que la nueva propuesta incluye un trato preferencial, pidió prorrogar en seis meses las tarifas que vencieron el pasado 4 de agosto.
En un comunicado, la entidad boliviana señaló que su intención es evaluar lo planteado por la EPA “sin presiones e imposiciones”, aún cuando ambas partes desarrollaron conversaciones durante más de un mes, siendo -incluso- interrupidas por el agente aduanero altiplánico.
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia reconoció que el 30 de julio, la estatal chilena hizo conocer una propuesta con un descuento del 0,78% en la tarifa portuaria, en relación al acuerdo suscrito en 2019, lo cual “representa un gran avance en el tratamiento de tarifas”, indicó la entidad.
Sin embargo, la ASP-B manifestó que “ante cambios en los elementos estructurales del comercio exterior en puertos, se requiere de un mayor tiempo para el análisis correspondiente, ello sin presiones e imposiciones, a fin de evitar vicios en el consenso”.
“Considerando que todos los puertos de la macroregión tuvieron cambios sustanciales en su oferta tarifaria, muy diferenciados debido a la pandemia y la crisis económica, es necesario discurrir lo planteado por EPA, para contar con precios justos”, agregó ASPB en su comunicado.
“Al efecto, reiteramos que es necesario efectuar una evaluación y análisis sin presiones e imposiciones, motivo por el cual requerimos contar con un plazo prudente de seis meses, manteniendo las tarifas suscritas en la gestión 2019; más cuando existieron limitaciones para sostener reuniones técnicas presenciales, necesarias para cualquier tipo de negociación”, indicó la ASP-B.
Al igual que en negocaciones anteriores, la ASP-B sacó a relucir el Tratado de Paz y Amistad de 1904, que si bien establece libre tránsito para la carga boliviana, se debe consignar que no regula materias comerciales ni establece tarifas, salvo la gratuidad por conceptos de almacenamiento.
“En ese sentido, si bien es cierto que hay una prestación de servicios portuarios por una concesionaria, también es cierto y evidente que como Estado tenemos que velar por las mejores condiciones para el comercio exterior boliviano”, manifestó la institución.
“Por lo expresado reiteramos nuestra firme voluntad de continuar el proceso de negociación sin presiones, hasta encontrar un equilibrio equitativo que beneficie a todos los involucrados en este tratamiento”, concluyó ASP-B.
Vale recordar que, al no aceptar el nuevo modelo tarifario contenido en una actualización del Manual de Servicios del Puerto de Arica, cuya vigencia terminó el 4 de agosto, el complejo marítimo chileno ha iniciado el cobro de las tarifas reales y sin los descuentos propuestos. Al respecto, la ASP-B ha acusado un alza de 46%.
