La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha recuperado 96% de las áreas ocupadas por hangares, casas y locales en la finca 196273 ubicada en Diablo, Ancón, donde se planea construir el puerto de contenedores de Corozal.
Sin embargo, aún permanece estancado en la Asamblea Nacional el proyecto de ley para equiparar los beneficios fiscales del nuevo puerto con el resto de las terminales que ya operan en el país, consigna La Prensa de Panamá.
La administración del Canal informó que “en muchos casos estableció acuerdos de salida voluntaria con ocupantes, que reconocieron que las tierras que ellos utilizaban en la finca 196273 son patrimonio de la ACP y que no mediaba contrato de arrendamiento con esta que les permitiera su uso y ocupación”.
Diversos sectores del país coinciden en que es necesario agilizar la concesión de este puerto para aprovechar los beneficios que traerá la ampliación del Canal, ya que su construcción tomaría por lo menos un año y medio.
La ACP destacó que las acciones para ordenar los terrenos donde se construirá el nuevo puerto de Corozal las comenzó desde 2013 “actuado de acuerdo con lo que establecen las leyes y normas que rigen en la República de Panamá”.
No obstante, algunos ocupantes de los hangares y locales que se resistían a desalojar el lugar reclamaron una indemnización ya que algunos aseguraban haber estado allí por casi 40 años.
La entidad recordó que desde la década de 1970, la Panama Canal Company y luego Panama Canal Commission otorgaron permisos de uso a empleados canaleros para que pudieran llevar a cabo reparaciones y almacenamiento de botes de uso personal en ese lugar.
Sin embargo, añadió, esos permisos establecían claramente que esas tierras jamás podrían ser reclamadas por terceros en vista de que las mismas forman parte de las áreas operativas —y ahora también patrimonio— del Canal.
“También establecían que los ocupantes tendrían que salir del área si el Canal así lo requiriera, sin derecho a reclamar indemnizaciones, pero sí con el deber de remover sus mejoras del área”.
Según la administración, esos permisos o licencias expiraron mucho antes de la transferencia del Canal y en su mayoría no fueron renovados durante la administración de la desaparecida Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) hoy Unidad Administrativa de Bienes Revertidos.
“El Canal de Panamá tampoco suscribió contrato con ocupante alguno”, recalcó la Autoridad del Canal de Panamá.
De acuerdo con los registros, al comenzar el proceso de ordenamiento de esos terrenos en 2013 había 107 hangares en la finca, para los cuales no existían contratos, licencias, permisos, pagos, cobranzas y arrendamientos que acreditaran que no existía la condición de “intrusos”.
La desocupación de los terrenos abre el espacio para adelantar el proyecto portuario que reclaman diversos sectores del país para aprovechar las ventajas geográficas de Panamá el movimiento de carga que generará el canal ampliado.
Uno de los aspectos que se señalan para la viabilidad del puerto y que no existe en otra área del Pacífico, es la conectividad terrestre que tendrá este puerto con el ferrocarril ubicado a pocos metros y que comunica la costa del Atlántico con el Pacífico.
La idea original era convocar a una licitación desde el primer trimestre de este año, pero el cronograma de trabajo se estancó en la Asamblea Nacional.
Este órgano no tiene que darle el visto bueno a la construcción del puerto, pero sí debe aprobar el proyecto de ley que establece exoneraciones fiscales a la empresa que se gane la licitación para el diseño, construcción, desarrollo y operación de un complejo portuario.
Sin este paso sería imposible que alguna empresa muestre interés por el negocio, ya que no tendría forma de competir con las otras terminales que ya operan en el país. Por ahora, el proyecto se encuentra en primer debate en la Asamblea.
