Por Redacción PortalPortuario

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Disponer la apertura del cabotaje marítimo con el propósito de crear condiciones para optimizar la cadena logística y el transporte multimodal. Ese es el objetivo central de un proyecto (boletín 14532) aprobado por la Sala de la Cámara y derivado a segundo trámite.

La idea, de acuerdo a la Corporación, es generar mejoras de competitividad en la industria. Asimismo, erradicar movimientos de carga ineficientes que se desarrollan en las costas y puertos del país.

El informe de la Comisión de Transportes lo rindió el diputado Mauro González (RN). En el texto se explica que la propuesta, impulsada por el Ejecutivo, que modifica las leyes de Fomento a la Marina Mercante y de Navegación.

De acuerdo con lo aprobado, se establece que el Estado promoverá y fomentará la formación de oficiales y tripulantes nacionales a lo largo del país. Se tendrá presente un acceso equitativo y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Además, se realizará en concordancia a las necesidades de la industria nacional.

El cabotaje, según el texto aprobado, quedará reservado a las naves chilenas, con las excepciones que señala esta ley.

En ningún caso se entenderá como cabotaje el transporte de carga de comercio exterior entre puertos chilenos. La salvedad estará dada si existen servicios de cabotaje prestados por naves nacionales entre dichos puertos, lo que será determinado por el Ministerio de Transportes. Otra excepción es que la carga no pueda ser descargada en el puerto de destino por motivos de cierre.

Tampoco se considerará como cabotaje el transporte de contenedores vacíos entre puntos del territorio nacional.

Cabotaje de pasajeros

Para el caso de las naves de pasajeros, podrán participar del cabotaje marítimo aquellas naves que tengan una capacidad de transporte igual o superior a 400 pasajeros, cuenten con capacidad de pernoctación a bordo y tengan como función el transporte de pasajeros con fines turísticos.

La exigencia relativa a que el cabotaje de pasajeros por naves extranjeras deba desarrollarse solamente entre puertos no será aplicable a las recaladas de dichas naves en el Archipiélago Juan Fernández y en Isla de Pascua.

Las naves mercantes extranjeras podrán realizar servicios regulares de cabotaje entre puertos chilenos. Sin embargo, ello será, únicamente, cuando no existan servicios regulares de cabotaje prestados por naves nacionales entre dichos puertos.

La autorización respectiva la emitirá la autoridad marítima por un año, renovable por una sola vez, para naves de una eslora mayor o igual a 150 metros. Esto, si es que aún no existen naves chilenas prestando servicios regulares en esas rutas. Al término del periodo de renovación, las naves extranjeras deberán cambiar a bandera chilena, acogiéndose a la normativa nacional.

Asimismo, se abren otras opciones para naves mercantes extranjeras que provengan desde el exterior y descarguen carga en un puerto nacional. También, respecto de aquellas con cargas superiores a 3.000 toneladas, previa licitación pública efectuada por el usuario y convocada con la debida anticipación.

Otras consideraciones

Se adjudica al Ministerio de Transportes la tarea de excluir en reciprocidad a las naves de un país que, de manera unilateral, excluya a navieros chilenos del tráfico entre ese país y un tercer país, total o parcialmente o respecto de ciertas cargas o sentidos del tráfico. Adicionalmente, se le otorgan a esta cartera otras facultades en este contexto.

Otras normas exponen la situación de naves arrendadas por empresas navieras chilenas, su dotación y condiciones. Lo mismo en caso de reserva de carga.

También, se remarca que, en ningún caso, lo indicado en esta ley modifica el régimen de navegación por aguas interiores establecido en la legislación chilena. Tampoco lo referido en el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina.

Finalmente, determina por que el reglamento relacionado a esta ley deberá ser sometido a consulta de la autoridad marítima.

Las opiniones expresadas por los parlamentarios fueron tanto de apoyo como de rechazo. Entre estos últimos se estimó que era un mal proyecto y se alertó que afectaría una industria que funciona bien, al menos en el sur. Asimismo, se sostuvo que podría haber vulneración a la seguridad nacional. Igualmente, afirmaron que la experiencia internacional comparada es negativa sobre la materia.

La visión contraria refutó que se afecte la seguridad nacional, recordando lo explicitado al respecto por la propia Armada. Por otra parte, remarcaron que se abrirá el mercado, con un beneficio para los consumidores al bajar los costos del transporte. También valoraron el componente ecológico, al ser un sistema de transporte memos contaminante que el terrestre. De igual modo, se recalcó que se generará más empleo y fomento a la actividad portuaria nacional.

Un punto en que hubo polémica entre los distintos sectores fue lo referido a un artículo transitorio propuesto en la ley. En él se fija un periodo de ocho años en que no se aplicarán las excepciones desde Puerto Montt al sur. Algunos estimaron que era fundamental dejar esta protección especial; otros la refutaron y pidieron eliminarla. Una postura intermedia llamó a rebajarla a tres años.

Ejecutivo y votaciones

A nombre del Gobierno intervinieron los ministros del Transportes y de Economía, Juan Carlos Muñoz y Nicolás Grau, respectivamente.

Ambos alertaron que la industria del cabotaje no ha tenido mayores modificaciones en 40 años. Así, relevaron la necesidad de una modernización y de incentivar la inversión extranjera, pero con protección a la empleabilidad nacional, ya que se exige que un 100% de la tripulación sea chilena.

Respecto de la aplicación de esta regulación en el sur, las autoridades de Gobierno resaltaron que se establece un periodo largo de adaptación en que las normas no se les aplicará. Además, las excepciones que se establecen para los extranjeros son para naves mayores de 150 metros, por lo que no se afecta a las empresas nacionales que hoy transitan en el sur.

En materia de seguridad, se recordó también lo dicho por la Armada, en cuanto a que las excepciones definidas en esta ley no significarán un riesgo para la soberanía nacional. Aquello quedaría subsanado con las normas que permiten a la autoridad marítima revisar y dar el visto bueno a las autorizaciones respectivas.

Al momento de las votaciones, el proyecto se aprobó en general por 85 votos a favor, 26 en contra y 6 abstenciones.

Luego, en particular, se rechazó, por 32 votos a favor, 66 en contra y 20 abstenciones, el mencionado artículo transitorio de no aplicabilidad durante ocho años de las normas de excepción para las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.