Por Redacción PortalPortuario

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Ante la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado expuso el presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Daniel Fernández. En la instancia, que preside el senador Sergio Gahona, el titular del gremio entregó diez puntos en contra del Proyecto de Ley que busca traspasar las competencias para otorgar concesiones marítimas del Ministerio de Defensa, por medio de la Directemar, al Ministerio de Bienes Nacionales. 

La iniciativa fue puesta en relieve por parte del Gobierno, luego de que fuera anunciada por el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, como una forma de reducir los tiempos en las solicitudes de permisos de estas características, de modo tal de hacer más expedita y eficiente la tramitación de iniciativas en pos de dar un impulso a la actividad económica del país.

El rechazo de la Camport, de acuerdo a lo expuesto por Fernández, radica en que el proyecto pondría “fecha de defunción” a los puertos que hoy operan, además de provocar desincentivos a las inversiones, no permitiría generar reservas para futuros desarrollos portuarios junto con afianzar efectos negativos que ha provocado la Ley Lafkenche.

El gremio también observó que una medida como la planteada por el Ejecutivo, congelaría el desarrollo de puertos privados o privados de uso público ya en funcionamiento, crearía una barrera de entrada a nuevos proyectos portuarios, permitiría -por otro lado- regionalizar una decisión “de caracter estratégico nacional”, así como la creación o dictación de reglamentos sin consulta pública “en plazos inviables”, dejar en plazo indefinido o “en tierra de nadie” las actuales solicitudes y “perpetúa el incumplimiento de plazos por parte del Estado”.

Al respecto, Daniel Fernández manifestó que “nosotros entendemos que el Proyecto de Ley lo que pretende es resolver un problema, que es que la historia dice que las tramitaciones de concesiones siguen largas, lentas, y engorrosas, y también que una serie de imprecisiones o cosas que no están bien resueltas y que el Proyecto de Ley intenta abordar o resolver. Yo diría que desde nuestro punto de vista este es un proyecto innecesario y lo que sí que se requiere es corregir el DFL 340 que es el que originalmente regula las concesiones marítimas, de modo de hacerlo más eficiente con algunas de las disposiciones por ejemplo que sí están contenidas en este Proyecto de Ley y muchas otras”.

Por otro lado, Daniel Fernández observó que, independiente de que la titularidad de la decisión sobre la entrega o rechazo de una concesión marítima cambie de ministerio, lo que no debe eliminarse es la componente técnica que entrega la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante.

“Hay un punto que no he mencionado que creo que es importante y que ante una solicitud de concesión, al menos, se pida a Directamar una opinión fundada. O sea, una cosa es que uno diga esto debería ser tuición de Bienes Nacionales, otra cosa es que no olvidemos que existe una Dirección del Territorio Marítimo que tiene una experiencia de muchos años y que va a ser quien fiscalice después, que controle la operación, por lo menos una consulta fundada de que se otorgue esta concesión sí o no y por qué, como un elemento a considerar por parte de la autoridad”, enfatizó.