Por Redacción PortalPortuario
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CK Hutchison Holdings Limited (CKHH) acusó que el accionar del Estado panameño sobre la anulación del contrato con Panama Ports Company (PPC) para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, junto a la posterior toma de control de las instalaciones por parte del país centroamericano, son ilegales.
En un comunicado, desde CK Hutchison señalaron que “la República de Panamá (el Estado de Panamá) ingresó físicamente y directamente a las terminales de Balboa y Cristóbal operadas por la filial de CKHH, Panama Ports Company, SA (PPC), y asumió el control administrativo y operativo de las terminales de PPC en ambos puertos, excluyendo también a los representantes de PPC de las terminales”.
En ese sentido, desde la compañía con sede en Hong Kong plantearon que “simultáneamente, representantes del Gobierno llegaron sin invitación a las terminales e informaron a los representantes de PPC que la concesión ya no existía y que PPC debía cesar sus operaciones, e instruyeron que los empleados de PPC serían transferidos fuera de PPC, no debían comunicarse con PPC y debían cumplir con las instrucciones del Gobierno, bajo amenaza de enjuiciamiento penal. El Estado ahora tiene el control de las terminales”.
“Con base en las publicaciones, las declaraciones de funcionarios y la toma de control de las terminales por parte del Estado de Panamá, CKHH entiende que la concesión otorgada a PPC para la operación de las terminales en los puertos de Balboa y Cristóbal se dio por terminada el 23 de febrero de 2026. Las acciones e instrucciones del Estado de Panamá imposibilitaron la continuidad de las operaciones de PPC y, en consecuencia, PPC cesó todas las operaciones en las terminales de Balboa y Cristóbal el 23 de febrero de 2026”, se indicó en el documento.
“CKHH considera que la Resolución, el Decreto Ejecutivo, la supuesta terminación de la concesión de PPC y la toma de control de las terminales son ilegales. Las acciones del Estado de Panamá también representan graves riesgos para las operaciones, la salud y la seguridad en las terminales de Balboa y Cristóbal. Ninguna de las acciones del Estado de Panamá fue asesorada ni coordinada con PPC. El Estado de Panamá es responsable de los daños y perjuicios causados por las acciones confiscatorias que ha tomado”, afirmaron desde la compañía.
“PPC y CKHH continuarán consultando con sus asesores legales sobre la Sentencia y la toma de control forzosa, la presunta terminación de la concesión de PPC y todos los recursos disponibles, incluyendo procedimientos legales nacionales e internacionales adicionales contra la República de Panamá, sus agentes y terceros que coluden con ellos, para reservarse todos los derechos y recursos contra ellos en relación con este asunto”, aseguraron desde CK Hutchison en el comunicado.
