Por Redacción PortalPortuario/Agenciapi
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La Superintendencia de Sociedades de Colombia confirmó la imposición de una caución valorada en $1.480 millones dirigida a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y su filial, Zona de Expansión Logística (Zelsa), respecto a las operaciones de carga a granel que ambas entidades habían estado realizando en el puerto del Pacífico.
El pronunciamiento surge luego que en agosto pasado la misma entidad ordenara la detención inmediata de dichas operaciones en el Terminal Marítimo de Buenaventura.
La controversia toma relevancia ya que, según denuncias presentadas ante la Superintendencia, la Sociedad Portuaria habría recurrido a su empresa filial Zelsa para continuar con operaciones, contraviniendo directamente una prohibición previamente establecida por la Superintendencia de Industria y Comercio desde enero de 2018.
Frente a estas acusaciones y en un intento de defenderse, la Sociedad Portuaria presentó una demanda en contra de las resoluciones de la Superintendencia, la cual ha sido rechazada por la entidad de supervisión.
La Superintendencia de Sociedades, en un comunicado oficial, declaró que “este despacho confirmó la decisión de fijar una caución por valor de $1.480 millones para ordenar el decreto y práctica de las medidas cautelares solicitadas. Asimismo, confirmó la decisión de negar por improcedente el recurso subsidiario de apelación presentado”.
Con este dictamen, se espera que ambas empresas, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y Zelsa, acaten las disposiciones impuestas, garantizando la correcta operación y respetando las regulaciones estipuladas en la jurisdicción colombiana.
Medida cautelar
El 10 de agosto de 2023, la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto 2023-01-597512 del 24 de julio de 2023 y Auto 2023-01-604565 del 27 de julio de 2023, adoptó dentro de un proceso judicial la medida cautelar en la que se ordenó de manera temporal a Zelsa S.A.S., filial de la Sociedad Portuaria, suspender únicamente los servicios de operación de carga a granel en el Terminal Marítimo de Buenaventura.
Estas medidas cautelares estaban encaminadas a proteger el derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado, o asegurar la efectividad de las pretensiones de la demanda.
En este sentido, la entidad colombiana aclaró oportunamente que “en ningún caso bloquea la operación portuaria del Puerto ni el mercado de carga a granel ni a las empresas Zelsa y Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura”.
“No obstante haber sido decretada una medida cautelar que no afecta más allá del 4% de la operación total de la compañía, aún no es definitiva pues contra ésta existe un recurso de reposición que será resuelto por la Delegatura para Procedimientos Mercantiles en uso de sus funciones judiciales dentro del marco legal aplicable”, acotó en agosto de 2023 el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.
