El proyecto presentado por el senador Edinson Delgado, del Partido Liberal de Colombia, pretende que los municipios marítimos de ese país  reciban un 60% de la contraprestación por el uso temporal de las playas y bajamares, así como de la infraestructura portuaria.

La iniciativa, que se encuentra en estudio en la Comisión Segunda del senado, para informe del congresista Jaime Enrique Durán Barrera, “busca que el Gobierno nacional defina periódicamente, en los planes de expansión portuaria, la metodología para calcular el valor de las contraprestaciones que deben pagar quienes obtengan una concesión o licencia portuaria, por concepto del uso y goce temporal de las zonas de uso público y por concepto del uso de la infraestructura allí existente”.

El proyecto cuya ponencia está a cargo del senador Jaime Enrique Durán Barrera (PL), permite que “las contraprestaciones por el uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público, las deba recibir la Nación a través del Instituto Nacional de Vías, Invías, o quien haga sus veces, incorporándose a los ingresos propios de dicha entidad, y los municipios o distritos donde opere el puerto”.

Para el caso de San Andrés se establece en la propuesta que la contraprestación del sesenta por ciento se pagará al departamento por no existir municipio en el archipiélago.

Con relación al Distrito Portuario, Biodiverso, Industrial y Ecoturístico de Buenaventura, en el departamento del Valle, se contempla especial atención, por el atraso y la poca inversión de ese puerto sobre el pacifico.

Respecto a Barranquilla, se quiere establecer en la legislación que los proyectos complementarios al acceso del canal de ese puerto sobre el Atlántico, estén a cargo de la Nación, sin perjuicio de que otras entidades incluida Cormagdalena, concurran con financiación y realización de las obras necesarias.

Es importante resaltar que el proyecto establece que la actividad pesquera desarrollada en muelles y embarcaderos es marítima y no portuaria y persigue además que los recursos recibidos, se deben distribuir en planes, programas y proyectos sociales o en obras de infraestructura, para el desarrollo de esos municipios marítimos.