La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A. acaba de ser notificada de un auto de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de Colombia, que le prohíbe ofertar y prestar servicio de carga a granel, por el cual viene recibiendo cuantiosos ingresos, a pesar de que su contrato de concesión, que data de 1994, no se lo permite.

Según informó la Unidad Investigativa del diario El Tiempo, la decisión de la SIC hace parte de una investigación que adelanta desde 2016, por presuntas prácticas comerciales restrictivas por parte de esa sociedad portuaria, según denuncia instaurada por pequeños operarios de carga a granel.

Según la denuncia, la Sociedad Portuaria ya había logrado que la Agencia Nacional  de Infraestructura (ANI) le aprobara un otrosí a la concesión original, en donde se le ampliaba su rol de administrador a operador de carga, sin que se tuvieran en cuenta los parámetros legales que la SIC le recomendó.

De hecho, funcionarios de la SIC inspeccionaron el año pasado las oficinas de la sociedad portuaria, se llevaron documentos y computadores y allí encontraron evidencia de que el otrosí ya estaba listo, a pesar de las quejas y denuncias de OPP Graneles, una de las empresas operarias del puerto.

En efecto, de acuerdo al medio,  se hallaron decenas de correos electrónicos entre directivos de la empresa y funcionarios de la ANI, en los que se discute los términos del otrosí y se le notifica que el documento ya está firmado por parte de la entidad.

“Los cambios sugeridos hacen alusión a temas que ya se habían discutido en reunión previa con el doctor Figueredo, el ingeniero Víctor Julio, por lo que el otrosí saldrá como fue remitido (…). El otrosí se encuentra firmado, por lo que de manera comedida solicito se agende una fecha y hora para que puedan pasar a firmarlo a la ANI”, le escribió el 6 de julio del 2016 Fernando Hoyos, asesor de la ANI a Enrique Ferrer, el jurídico de la sociedad portuaria.

La intervención de la SIC llevó a que la ANI reversara la extensión del contrato, calificada como sustancial por los denunciantes, y emitiera el auto donde les prohíbe ofertar los servicios de carga a granel, fechado el 9 de enero del 2018.

Ahora, pequeños operadores pedirán que se investigue si se tipificó o no una competencia desleal de parte la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, quien alegó a su favor que hay sentencias del Consejo de Estado que dejan sin efecto la cláusula que les prohíbe la operación. Además, que dentro del proceso en la SIC se han tenido en cuenta pruebas que no han sido decretadas.

Sin embargo, la SIC confirmó la decisión y ahora estudia otra en la que piden que la autorización para que esta sociedad portuaria opere carga a granel no sea incluida en un documento Conpes, sin que se tenga en cuenta que los operarios, como OPP Graneles, tienen concesiones vigentes hasta el año 2034.

Al respecto, los representantes de la Sociedad Portuaria le dijeron a El Tiempo que “la decisión de la SIC es una medida cautelar, provisional, sobre la que ya se presentó un recurso de apelación. Además, que el jueves pasado se le comunicó a la SIC que se suspenden las operaciones mientras se modifica el contrato de concesión con la ANI”.

En todo caso, aseguraron que el Consejo de Estado les permite a las sociedades portuarias ser operadoras, y no se quisieron referir a los correos con la ANI por ser reserva del sumario.