La Contraloría General de la República acogió el requerimiento presentado por los dirigentes de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile (Cotraporchi) y de la Confederación Marítima de Chile (Comach), el cual busca determinar el rol que tuvo el intendente de Valparaíso, Ricardo Bravo, en relación a los acuerdos adoptados por las llamadas “cargas limpias”, luego del paro de los transportistas en octubre de 2014.

Los portuarios han acusado que el intendente Bravo actuó bajo presión de los transportistas, determinando que las mercancías sean entregadas ya aforadas a los conductores de camiones en los recintos extraportuarios de la Zeal.

Dicho procedimiento ha generado un “flete corto” de 11 kilómetros con un costo de 180 dólares por contenedor, lo que se traduce aplicado a los 15 mil containers que son revisados al año, un costo adicional logístico de 2 millones 700 mil de dólares.

El intendente, por su parte, ha señalado que no ha “impuesto” acuerdos, sino que ha sido un “facilitador”  de los mismos en favor de la cadena logística y del comercio internacional del país.

“Para nosotros como representantes de la Coordinadora es un gran avance que la Contraloría haya aceptado nuestro requerimiento contra el Intendente. Desde un comienzo nosotros dijimos que íbamos a llegar hasta las últimas consecuencias para lograr que las cargas sean aforadas en el puerto, defender nuestros turnos y trabajo. El señor Bravo se tomó atribuciones que no le correspondían por lo tanto la decisión de la Contraloría es acertada y un gran paso para nosotros”, afirmó Sergio Baeza, presidente de la Cotraporchi y vocero de la Coordinadora Marítima-Portuaria de Valparaíso.