Por Redacción PortalPortuario
Una serie de incumplimientos e irregularidades detectó la Contraloría Regional de Valparaíso, luego de una auditoría realizada a la Dirección Regional de Aduana porteña, las cuales se encuentran en el Informe Final N°788 de 2024. Estos vicios en el control permitieron, de acuerdo al ente contralor, el ingreso de mercancías no autorizadas al país.
En concreto, la Contraloría General de la República advirtió múltiples problemas de control. Así, se advirtieron fallas respecto de la fiscalización en el ingreso de mercancías y en la interoperabilidad entre los Sistemas DIN y Decare, lo que impide realizar un seguimiento y vincular de manera sistemática los resultados de las fiscalizaciones en las que se detecta alguna infracción o ilícito.
Una de las principales observaciones contenidas en el informe se refiere a la internación de las mercancías consistentes en 216 unidades del producto Lipo Revolution de 60 cápsulas y 60 unidades del producto Testolander Booster de 120 cápsulas, ambos de la marca Landerfit, y 60 unidades del producto Vitrix 60 cápsulas y 120 unidades del L-Carnitine Liquid 3.000 mg 16 OZ, ambos de la marca Nutrexfuera.
Lo anterior, porque la Contraloría detectó que la autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Valparaíso bajo la denominación de alimento para deportistas “resultó improcedente”, ya que, según el ISP, esos productos contienen sustancias que solo pueden ser utilizadas en la preparación de fármacos, por lo tanto, sujetos al control de ese instituto. Pese a ello, según la auditoría, la revisión hecha por Aduana concluyó sin observaciones.
También se cuestionó el ingreso de otro tipo de mercancías, entre ellas, algunas que no contaban con Certificado de Destinación Aduanera emitido por el SAG para su ingreso al país. No obstante, las fiscalizaciones de la Dirección Regional de Aduana de Valparaíso a esas declaraciones de ingreso no advirtieron tales incumplimientos.
Además, se verificaron otras importaciones que estaban tramitadas con nombre de otras empresas, artículos que no tenían la aprobación de Sernapesca -u otros que contaban con variadas irregularidades para su ingreso correcto al país- al ser fiscalizadas por la Dirección Regional de Aduanas, concluyeron sin observaciones.
Falta de interoperabilidad
Entre otras observaciones también se incluyeron debilidades en sistemas informáticos. Así, se constató que las denuncias asociadas a 147 declaraciones de ingreso de 2023 se emitieron en el Sistema Denuncias, Cargos y Reclamos (Decare) con 695 días de desfase respecto de su fecha de fiscalización en el Sistema de Declaraciones de Ingreso (DIN).
Asimismo, se comprobó que no se emitieron en Decare las denuncias asociadas a 13 DIN, en circunstancias que las fiscalizaciones realizadas a esos documentos presentan “denuncia por contravención” o “denuncias por contrabando”.
El informe emitido además constató la existencia de 572 denuncias penales emitidas en el Sistema Decare entre 2020 y 2023 por los delitos de contrabando, en contra de la identidad intelectual e industrial y la presentación de declaraciones maliciosamente falsas, que a la fecha de fiscalización figuraban en estado de “generada”. Esto, vulnera el principio de responsabilidad y deber de las autoridades que ejercen el control.
Sumarios sin término
La auditoría también determinó la existencia de 12 procedimientos disciplinarios (sumarios) instruidos por la Dirección Regional de Aduanas de Valparaíso que aún se encuentran en desarrollo, pese a que uno se inició hace 72 meses, es decir, en 2018.
Por esta razón, la Contraloría ordenó al servicio afinarlos a la brevedad, lo que deberá ser validado por esta misma entidad de control.
Asimismo, se comprobó que el Servicio Nacional de Aduanas no dispone de un mecanismo que permita validar los vistos buenos, autorizaciones y certificaciones otorgados por otros organismos públicos que deben autorizar el ingreso de mercancía al país lo que denota una carencia de medios idóneos para realizar la labor de fiscalización que aumenta el riesgo del ingreso de mercancías ilícitas y afecta los tiempos de revisión.
Por estos motivos, la Contraloría ordenó que la Dirección Regional de Aduana inicie un sumario con el objetivo de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos descritos. Así, deberán remitir a esta institución fiscalizadora el inicio de este acto administrativo en 15 días.
